El Parlament tramita la ley de consultas con el apoyo crítico del PSC

Los socialistas avisan de que la norma puede acabar impugnada si se usa para convocar el referendo sobre el Estado propio

Solo el PPC y Ciutadans votan en contra y acusan al Govern de romper el marco constitucional

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JOSE RICO / FIDEL MASREAL / XABIER BARRENA / Barcelona

El Parlament ha escrito este miércoles una nueva página del guion soberanista del Govern con la admisión a trámite de la ley de consultas. La norma con la que el Ejecutivo catalán prevé dar cobertura legal al referendo sobre la independencia de Catalunya ha sorteado las enmiendas a la totalidad del PPC y Ciutadans con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP. Aunque el frente por el derecho a decidir conserva por ahora su unidad, los socialistas han expresado fuertes reticencias a aceptar que el texto se use para convocar esta consulta en caso de que el Estado no la autorice.

El diputado del PSC Ferran Pedret ha garantizado que su grupo participará en la tramitación de la ley, pero ha advertido de que el proceso ha empezado "con mal pie" y puede terminar con una norma impugnada por el Tribunal Constitucional si el objetivo es crear un "subterfugio" para sortear un posible veto del Estado a la consulta soberanista. "Entre unos y otros conseguirán que esta ley nazca muerta, porque la están utilizando como arma arrojadiza para su choque de legitimidades", ha recriminado tanto al Govern y ERC como al PPC y Ciutadans.

La portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, también ha alertado del "error" que supondría impulsar una normativa 'ad hoc' para una sola consulta y ha abogado por ampliar su alcance a otros asuntos, como los recortes sociales o el 'fracking', algo que también ha defendido la CUP. CiU y ERC han acusado a PPC y Ciutadans de negar el ejercicio de la democracia al tratar de frenar la norma, rechazando la idea de que la nueva ley desborde el marco competencial de la Generalitat y la Constitución.

Horas antes del debate, en la sesión de control al Govern, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, había defendido el derecho de Catalunya a dotarse de una normativa propia que regule las consultas populares. "Hay mucha gente que quiere ejercer el derecho a decidir y a esta gente se la tiene que respetar porque son una mayoría muy importante del país", ha afirmado en respuesta a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que ha negado la legitimidad del Parlament para aprobar una ley de estas características.

En otoño

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Los grupos parlamentarios estiman que la ley podría estar aprobada en otoño, pues la propuesta de la ponencia se someterá ahora a la fase de comparecencias y enmiendas. El texto, que regulará las consultas populares no vinculantes, establece que podrán votar los mayores de 16 años y podrán ser convocadas por el presidente de la Generalitat, los ayuntamientos y la ciudadanía. En este último caso, serán necesarias 50.000 firmas si la consulta es de ámbito catalán o de un porcentaje de entre el 5% y el 20% de la población si es de ámbito local.

El proyecto de ley prevé consultar a los ciudadanos "dentro de las competencias de la Generalitat" y, a diferencia de la norma que aprobó el tripartito, no requiere el permiso previo del Estado para convocar una consulta. De hecho, el Gobierno central recurrió aquel texto al Tribunal Constitucional y aún se encuentra pendiente de sentencia, aunque el alto tribunal levantó la suspensión de la normativa. Las consultas podrán tener más de una pregunta, pero estas deberán ser formuladas de manera "clara, sucinta e inequívoca".