24 sep 2020

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CONTROVERSIA LINGÜÍSTICA

El Gobierno bendice la creación del lapao

Santamaría arguye la competencia de las comunidades sobre las lenguas cooficiales

Sánchez-Camacho exige «respeto» por el cambio de nombre del catalán de la Franja

La controversia por la aprobación, el jueves, en el Parlamento aragonés de la ley de uso de lenguas y modalidades lingüísticas propias continúa. La citada norma niega la existencia del catalán y el aragonés y alude a zonas donde se habla la «lengua aragonesa propia del aragonés oriental» (la primera) y la «lengua aragonesa propia del Pirineo y el Prepirineo» (la segunda), un cambio que ha disgustado a la oposición al Gobierno conservador de Luisa Fernanda Rudi (que sacó adelante la ley con el apoyo del Par) y a la comunidad científica internacional. Sin embargo, ayer recabó el apoyo del Ejecutivo central. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que «son las comunidades las que regulan las lenguas cooficiales en sus respectivos estatutos» y mostró su respeto por la ley.

«Respeto» también pidió la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, al cambio de nombre del catalán que se habla en la Franja. «Lo han decidido ellos», se limitó a añadir. Esta reacción contrasta con la posición manifestada por el portavoz de su fuerza, Enric Millo, quien el pasado miércoles aseguró en el Parlament que la lengua bautizada sarcásticamente como lapao (acrónimo de la denominación consignada en la ley) «es catalán».

«ALUCINANDO EN COLORES» / El Gobierno aragonés también elevó ayer una queja. A su juicio, el término lapao es «una invención de algunos que han querido hacer daño a la ley de lenguas». «Estoy alucinando en colores al oír que en Aragón se habla lapao», aseguró la consejera de Cultura, Dolores Serrat, natural de Ripoll (Girona), en Onda Cero, en la que volvió a negar que en su comunidad se hable en catalán. Como mucho, añadió, es una modalidad del aragonés que tiene «un entrante más directo con el catalán». El grupo del PP en las Cortes fue mucho más contundente en sus críticas al acrónimo y lo calificó de «burdo invento pancatalanista». Por contra, la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, opinó que el único objetivo de la nueva ley es aniquilar la unidad del catalán.