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Análisis

El Rey debe explicarse

Rosa Paz

Con el Rey convaleciente de su quinta intervención quirúrgica en 12 meses, esta vez por una hernia discal, el príncipe Felipe habló ayer públicamente en un acto oficial previsto en su agenda y que el azar hizo coincidir con la entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial. Así que, 24 horas después de que el juez José Castro imputara a su hermana la infanta Cristina, el heredero de la Corona hizo un discurso impecable, de múltiples lecturas, pero de claro apoyo a la labor de los jueces.

No podía ser de otra manera. Por el acto en sí y porque Felipe de Borbón sabe que su futuro y el de la Monarquía dependen, en buena medida, de su capacidad para preservar esa imagen impoluta que ha sabido forjar en medio del catastrófico marasmo que ha afectado en los últimos meses a la institución monárquica. Pero el discurso del Príncipe no pasó de lo protocolario, y es insuficiente para responder a la gravedad que representa la imputación de una hija del Rey en el caso que -al margen de la cacería en Botsuana de Juan Carlos y de las correrías de Corinna- más está dañando a la Corona, que no es otro que el del supuesto enriquecimiento ilegal con dinero público del yerno real, Iñaki Urdangarin, por el que ha sido imputada ahora la infanta Cristina como presunta colaboradora necesaria en los turbios negocios de su marido.

Más insatisfactoria aún fue la respuesta de las fuentes de la Casa del Rey, sorprendidas por la decisión del juez Castro y volcadas con el recurso de la fiscalía en apoyo de la duquesa de Palma. Los ciudadanos asisten entre indignados y atónitos a lo que está sucediendo y esperan una reacción política solvente por parte de quien debe darla, en este caso el propio Monarca y el Gobierno, que ni pueden escudarse en la frase de rigor del respeto a las decisiones judiciales, ni pueden seguir transmitiendo la idea de que los acontecimientos les dejan noqueados.

La peor crisis desde la transición

España vive la crisis institucional más grave desde la transición democrática, la irritación social crece exponencialmente y las especulaciones sobre la posible abdicación del Rey en su hijo Felipe -e incluso las dudas sobre la permanencia en el tiempo de la Monarquía- han dejado de ser objeto de comentarios privados para convertirse en noticia en los medios de comunicación de medio mundo. Así que el jefe del Estado, que ha disfrutado durante décadas del apoyo y el respeto ciudadano, debe comparecer, dar explicaciones y adoptar medidas que frenen el deterioro creciente de la institución y demuestren que su afirmación de que «la justicia es igual para todos» surgía de su convencimiento profundo y no era un simple recurso retórico.

También el presidente Rajoy debería traspasar la pantalla de plasma para transmitir tranquilidad a los ciudadanos. No puede ser que solo hable el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y para decir que la imputación de la infanta no beneficia a la marca España. Lo que perjudica la imagen de España, señor Margallo, no es la citación judicial sino las razones por las que se produce, y lo que la beneficia, sin duda, es la actuación independiente de jueces como José Castro.