El desafío soberanista
El PSC firma entre críticas el borrador de la ley de consultas
Por qué confiar en El Periódico La ley de consultas llegará al pleno del Parlament en abril con la firma de los cinco grupos que defienden el derecho a decidir de Catalunya. El PSC suscribió finalmente el borrador de la norma, en la última reunión de la ponencia, tras lograr que CiU, ERC, ICV y la CUP aceptasen ampliar el alcance de la ley, en un intento de evitar que sea un texto ad hoc para dar cobertura a la consulta soberanista. El pacto es del todo endeble, pues todos los firmantes anunciaron ayer mismo enmiendas, y los socialistas siguen negándose a que la ley sea el plan B si fracasa el diálogo con el Estado.
Con su firma, el PSC ha sumado un nuevo gesto a favor del derecho a decidir, aunque las discrepancias de fondo no han desaparecido. El diputado socialista Ferran Pedret, miembro de la ponencia, aseguró que solo podrán votar a favor de que la ley ampare la consulta si el Gobierno central autoriza esta vía o delega competencias, una condición que CiU, ERC e ICV-EUiA no comparten. «Si quieren dar gato por liebre y engañar a la ciudadanía, no votaremos a favor», advirtió Pedret.
Sobre la propuesta que los grupos tomaron como base, ayer se introdujeron tres modificaciones. La normativa ampliará su alcance, como reclamaba el PSC, a instrumentos alternativos de participación: foros de debate, audiencias, encuestas y cualquier otra iniciativa que permita conocer la opinión de la ciudadanía. Y a ICV-EUiA se le aceptaron sus dos exigencias: que se rebajase la edad de participación en las consultas a los 16 años y que se anulase la capacidad de veto que tenía el presidente de la Generalitat sobre un referendo planteado a iniciativa popular.
PP Y CIUTADANS, FUERA / El PPC anunció enseguida una enmienda a la totalidad y Ciutadans ni participó en la reunión. CiU y ERC pretenden aprobar la ley antes del verano, pero el proceso podría alargarse hasta octubre porque, una vez admitido a trámite, el texto pasará a la comisión de Afers Institucionals, que deberá decidir si propone nuevas comparecencias antes de que los grupos presenten sus enmiendas y llegue al pleno para su aprobación final.
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