El fiscal pide un año de prisión para el alcalde de Badalona por repartir folletos xenófobos
Los panfletos vinculaban al colectivo de rumanos de etnia gitana con la delincuencia
Por qué confiar en El Periódico El fiscal de BarcelonaMiguel Ángel Aguilar solicita un año de prisión y multa de 8.100 euros parael alcalde de Badalona,Xavier García Albiol, delPartido Popular, acusado de provocar a la discriminación, al odio o a la violencia a través de la distribución de unospanfletos presuntamentexenófobos, así como en posteriores declaraciones en medios de comunicación. Como pena accesoria, relama imponer la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El escrito de acusación entregado en el juzgado que investiga el caso señala que en marzo del 2010 y durante la campaña electoral a la alcandía, García Albiol, “movido por su ánimo de obtener el suficiente apoyo de la ciudadanía para ganar la alcaldía”, autorizó la confección de un folleto en que se vinculaba a los rumanos de etnia gitana con la delincuencia y la inserguridad, “sabiendo y aceptando el menoscabo que suponía a la dignidad, el honor y la fama” de este colectivo.
El edil “participó personalmente” en la distribución del folleto en los barrios deLlefià, San Roque y La Salut,sostiene el fiscal. Se encargaron 15.000 ejemplares para su posterior reparto a la ciudadanía. En una de las imágenes se ve una pancarta colgada en un balcón con la inscripción literal de “no queremos rumanos” y en otra aparecen dos mujeres rumanas acompañadas por un hombre con gorra en la calle. Abajo, se lee la frase: “¿tu barrio es seguro?”
Reparto masivo
Según la acusación pública, la distribución de estos folletos por parte de Albiol generó, “tal y como había previsto”, una gran polémica en amplios sectores de la sociedad “con gran repercusión mediática tanto a nivel de Catalunya como del resto de España”. El acusado, consciente de ellos, incide el fiscal, en los días anteriores y posteriores al reparto del panfleto continuó su campaña electoral y compareció ante diferentes medios de comunicación “con el fin de propagar y amplificar su mensaje de incitación a la hostilidad y al trato desigual e injustificado contra los integrantes del colectivo gitano de origen rumano”. En el escrito detalla cada una de las entrevistas. Este proceso penal se abrió a raíz de una querella presentada por SOS Racisme.
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