La examante de Pujol denuncia a la Audiencia Nacional el robo de datos de su ordenador

María Victoria Álvarez pide protección al juzgado central

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MAYKA NAVARRO / Madrid

María Victoria Álvarez Martín, la examante deJordi Pujol Ferrusola, al que ha denunciado por un presunto delito de blanqueo, ha presentado esta mañana un escrito de denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional,Pablo Ruz, en el que asegura haber sufrido el robo de todos los datos de su ordenador personal. En la denuncia, que adelantó el martes EL PERIÓDICO, la mujer relata al magistrado, ante el que ya declaró el 17 de enero, que ha tenido conocimiento en los últimos días, que durante un periodo de tiempo, que no puede determinar, "se han manipulado e interceptado de manera totalmente ilegal mis comunicaciones de toda clase tanto telefónicas, como telemáticas, vulnerando mi intimidad sin mi consentimiento, habiendo utilizado artificios técnicos de escuha, transmisión, grabación o reproducción de sonido o de imagen". Y relata como a través de su wifi se accedió a su ordenador "apropiándose", a través de una copia, de todos sus datos privados, personales y profesionales. María Víctoria ha relatado en los últimos días a sus allegados que "han desaparecido" algunos documentos personales comprometedores.

En su escrito, la mujer pone de manifiesto al magistrado que todos estosseguimientos,vigilanciasy robos de los que ha sido víctima pretenden, además de obtener información, "presionarla y coaccionarla" de manera intimidatoria para "intentar influir" en su testimonio como testigo, en este proceso sobre un presunto delito de blanqueo de capitales, que realiza el juez Ruz.

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La examante de uno de los hijos del president de la Generalitat cita un artículo de EL PERIÓDICO, y otro de El Mundo, del pasado 11 de febrero, para poner de manifiesto que se ha enterado por estos dos medios de comunicación de que su encuentro con la presidenta del Partido Popular de Catalunya,Alicia Sánchez Camacho, fue grabado.

La mujer no señala a nadie, y pide al magistrado que sea el quién dirija una investigación sobre el origen de esas prácticas, y finaliza poniendo de manifiesto que todo esto está afectando a su "seguridad" y le pide medidas de protección, que garanticen su derecho "a la libertad y al sosiego".

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