El juez afirma que Dani Fernández presionó a la regidora de Montcada

el juez que investiga elcaso Mercuri sobre una presunta trama de corrupción en Sabadell en la que figuran como imputados empresarios y políticos, considera que el alcalde de la localidad vallesana, el socialista Manuel Bustos, y el diputado del PSC y exnúmero tres de la fuerza Daniel Fernández utilizaron su poder en el partido para presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, con la intención de colocar en el consistorio a Carmina Llumà, la pareja del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Sabadell y exalto cargo de Política Territorial con el tripartito. Al trascender que estaba siendo investigado, Fernández abandonó su puesto como secretario de organización del PSC.

En la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, Ramón González García, señala que existen indicios para que se cite a declarar como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias a Fernández. El alto tribunal catalán, al que se ha enviado esta pieza separada, es el competente para enjuiciar este asunto porque el diputado socialista tiene la condición de aforado.

CUATRO CONVERSACIONES / El escrito del juez detalla hasta cuatro conversaciones telefónicas mantenidas entre Bustos y Fernández en mayo del 2012 de las que, según cree el magistrado, se desprende «sin necesidad de una interpretación forzada, las presiones que ejercen» ambos políticos para influir en el proceso de selección. En su exposición, reproduce una conversación en la que el diputado le dice al alcalde de Sabadell: «Oye, que cojan a la empresa y al 'no apta' le quiten el 'no' ¿vale? [...] Oye, yo quiero que sea esta la mejor puntuada, ¿me entiendes? Si es una empresa que contratas tú». Las intervenciones telefónicas denotan, según detalla el auto, que la relación de Fernández y Bustos con la alcaldesa de Montcada i Reixac no era «entre iguales» y que «se ejerce presión» sobre ella en entrevistas personales, dada la prevalencia de los políticos socialistas sobre ella, «máxime teniendo en cuenta el cargo que ocupaban» en la dirección del PSC.

«HAY QUE CAMBIARLA» / Fernández y Bustos se refieren también en sus conversaciones a la posibilidad de relevar a la regidora del PSC con frases como «hay que cambiarla» o «empieza a buscar una alternativa», según relata el juez en su escrito al TSJC. El alcalde de Sabadell le llega a pedir al diputado que hable con ella: «Llámala, llámala, no te fíes, porque esta niña es tonta del culo [...] y si no, si la apretamos un poco, se va a dejar influenciar por la mala gente que tiene a su alrededor». Fernández le confiesa después a Bustos que ha hablado con la alcaldesa.

El magistrado expone en su escrito que el Ayuntamiento de Montcada había encargado a una empresa de recursos humanos la evaluación de los aspirantes a dirigir el Área Territorial del consistorio y que su dictamen, vinculante, declaró «no apta» a Llumà y «apta» a otra candidata. En mayo del 2012 se designa a la primera para ocupar el puesto. El juez cree que en este caso consta el beneficio económico que debe concurrir en el delito de tráfico de influencias, pues se adjudicó una plaza con una retribución bruta anual de 52.000 euros con un «claro perjudicado», la candidata que obtuvo la calificación de apta y que finalmente no fue designada para el puesto.