El juez cree que Bustos y Fernández usaron su poder para presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixach

El juez del'caso Mercuri' cree que el diputado delPSC DanielFernández y elalcalde de Sabadell, ManuelBustos, utilizaron sus cargos en el partido para "presionar" a laalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria ElenaPérez, para que colocara a una técnica.

Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell (Barcelona), Ramón González García, en la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con una resumen de losindicios que apuntan a que el diputado socialista habría incurrido en un delito detráfico de influencias.

Esos indicios, que se desprenden de la macroinvestigación sobre una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Sabadell , apuntan a que Fernández y Bustos presionaron a la alcaldesa de Montcada para que contratara como directora del área territorial del consistorio a la exalto cargo del tripartitoCarmina Llumà, pese a haber sido descartada por la empresa encargada del proceso de selección.

Cuatro conversaciones

El escrito del juez detalla hasta cuatro conversaciones telefónicas mantenidas entre Bustos y Fernández en mayo del 2012 de las que, según cree el instructor, se desprende "sin necesidad de una interpretación forzada, las presiones que ejercen" ambos políticos para influir en el proceso de selección.

Concretamente, el magistrado reproduce una conversación en la que el diputado dice a Bustos: "Oye, que cojan a la empresa y al 'no apta' le quiten el 'no' ¿vale? (...) Oye, yo quiero que sea esta la mejor puntuada, ¿me entiendes? Si es una empresa que contratas tú".

En opinión del juez, las conversaciones denotan que la relación de Fernández y Bustos con la alcaldesa no era "entre iguales" y que se ejerce presión sobre ella en entrevistas personales, dada la "prevalencia" que los políticos socialistas tenían sobre Pérez teniendo en cuenta el cargo que ocupaban en la dirección del PSC en la época de los hechos.

De hecho, Fernández -que al trascender que estaba siendo investigadose apartó de su cargodesecretario de organización del PSC- y Bustos se refieren en sus conversaciones a la posibilidad de relevar a la alcaldesa del PSC con frases como "hay que cambiarla" o "empieza a buscar una alternativa", según relata el juez en su escrito al TSJC.

"No apta"

El magistrado expone en su escrito que el Ayuntamiento de Montcada había encargado a una empresa de recursos humanos la evaluación de los aspirantes al cargo de dirección del Área Territorial del consistorio y que su dictamen, vinculante, declaró "no apta" a Llumà y "apta" únicamente a otra candidata distinta.

Por ese motivo, el juez cree que en este caso consta el beneficio económico que debe concurrir en el delito de tráfico de influencias, a favor de Carmina Llumà, por la adjudicación de una plaza con una retribución bruta anual de 52.000 euros, y con un "claro perjudicado", la candidata que obtuvo la calificación de apta.