24 feb 2020

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AUSTERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

La Generalitat echará el cierre al Consell Comarcal del Barcelonès

La ley de gobiernos locales traspasará sus competencias para ahorrar 18 millones

Ortega plantea reducir el consejo del Baix Llobregat para evitar duplicidades

JOSE RICO
BARCELONA

El tijeretazo que la Generalitat está ultimando en el enrevesado mapa administrativo de Catalunya se va a llevar por delante, como mínimo, una institución. El Consell Comarcal del Barcelonès tiene los días contados a partir del anteproyecto de ley de gobiernos locales que el Ejecutivo aprobará entre finales de este mes y principios de marzo. El departamento de Governació, que dirige la vicepresidenta Joana Ortega, ha pactado con el ente, uno de los pocos asideros de poder territorial del PSC, el traspaso de sus competencias a los ayuntamientos y el Àrea Metropolitana. De esta manera, el Govern busca simplificar el marasmo de órganos de poder en el cinturón de Barcelona, donde los destinos de 36 municipios se rigen desde seis instituciones: ayuntamientos, diputación, consejos comarcales, Àrea Metropolitana, Generalitat y Estado. Una madeja que se enreda aún más cuando entran en juego mancomunidades, consorcios y empresas públicas.

El cierre del Consell Comarcal del Barcelonès permitirá ahorrar 18 millones de euros, presupuesto para el 2013 de un ente formado por Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. Así, representa a más de dos millones de habitantes, aunque muchas de sus competencias han sido absorbidas por el Àrea Metropolitana. Sus 39 consejeros (alcaldes y ediles) gestionan becas comedor, las rondas, los carriles bici e instalaciones como casas de colonias, albergues y campamentos. Y del órgano dependen dos empresas públicas: Regesa (que promociona y gestiona viviendas y aparcamientos) y Marina Badalona (gestora del puerto de la localidad).

En principio, el del Barcelonès sería el único de los 41 consejos comarcales que cerrará sus puertas, pero la nueva ley prevé reestructurar el funcionamiento del resto para ahorrar 1.053 cargos políticos, que es el total de consejeros que tienen plaza hoy. Los consejos de alcaldes, que ya existen, marcarán las prioridades de cada comarca, pero el poder ejecutivo recaerá en gestores técnicos.

CONSENSO TERRITORAL / Aunque no se clausurará, uno de los que puede ser reformado a fondo es el del Baix Llobregat, también dirigido por el PSC. El Govern quiere plantear la posibilidad de reducir los municipios que lo integran y que salgan de él los que ya forman parte del Àrea Metropolitana. El presidente del consejo, Joaquim Balsera, está abierto a «racionalizar al máximo», pero es reacio a trocear el ente en aras de la «identidad territorial» de la comarca.

De los 556 millones que manejan como presupuesto global los consejos comarcales, unos 34 millones se destinan a organización, personal y dietas. Una partida que mantiene a 2.991 trabajadores, entre funcionarios, eventuales y cargos de confianza. Por asistir a un pleno, los consejeros cobran 500 euros; por acudir a la junta de gobierno, 300; y por cada comisión informativa, 250.