Rajoy declaró en el 2010 un patrimonio de 600.000 euros, cuatro casas, un garaje y una oficina

El patrimonio de los diputados y senadores es público desde el 2011. Las webs del Congreso y el Senado incorporan la declaración de las las rentas y bienes de todos los parlamentarios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a dar a conocer en breve los datos actualizados relativos a su persona, aunque los datos del 2010 ya son conocidos. La declaración del líder del PP reflejaba en ese momento un patrimonio de unos 600.000 euros, cuatro casas, un garaje y una oficina. No aportó en su momento el valor de esas propiedades según consta en la web del Congreso de los Diputados.

El entonces líder de la oposición, ahora presidente, percibía 173.265 euros anuales, cantidad que resulta de sumar los 98.225 euros que había recibido de su partido en concepto de "dietas y gastos de representación" en el 2010, según figura en la información facilitada por el Congreso, y los 75.040 euros como presidente del Grupo Popular en dicha Cámara.

El sueldo de Rajoy, que recibe en 14 pagas, incluía los 2.813 euros mensuales que cobraba un diputado raso, más los complementos percibidos como portavoz (1.741 euros), el de libre disposición (926 euros) y el de diputado por Madrid (870 euros). Aunque Rajoy era presidente del PP, no figura en los baremos del Congreso este complemento que fija el propio partido.

La declaración del líder del PP reflejaba activos en fondos de inversión por valor de 313.780 euros y 143.181 euros en acciones. Respecto de los inmuebles, contaba con una vivienda habitual en Madrid, tres apartamentos (uno en la capital, otro en Pontevedra y otro en Canarias), una plaza de garaje y una oficina en Pontevedra.

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Rajoy cobraba 105.838 euros más que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ganó en el 2010 la cantidad de 67.427 euros.

Las declaraciones ante el Parlamento no especifican el sueldo de los parlamentarios, sino lo que cobran fuera de las Cámaras, porque no existe la obligación de añadir "las percepciones recibidas del Congreso o Senado que se encuentran ya publicadas en la web de las Cámaras".