Polémica por la situación penitenciaria de un terrorista

El juez desoye al fiscal y concede la libertad condicional a Uribetxeberria

Manifestantes convocados por la plataforma de apoyo a los presos etarras Herrira aplauden la retirada de un cartel con el nombre de Uribetxeberria.

Manifestantes convocados por la plataforma de apoyo a los presos etarras Herrira aplauden la retirada de un cartel con el nombre de Uribetxeberria.

MARGARITA BATALLAS
MADRID

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El juez José Luis Castro concedió ayer la libertad condicional por razones humanitarias al etarra Iosu Uribetxeberria, que padece un cáncer con metástasis con un pronóstico de vida de nueve meses. La decisión no se ejecutará hasta que sea firme, es decir si la fiscalía, que se había mostrado contraria a la medida, no la recurre. El magistrado justifica su decisión para establecer «la línea divisoria que marca la asimetría moral» entre los que respetan el Estado de derecho y los que no.

Castro aprovecha su resolución para contestar a las críticas que ha recibido por haberse trasladado a San Sebastián a visitar al terrorista y entrevistarse con los oncólogos que le atienden. Y revela que en el último trimestre de este año ha visitado 24 centros penitenciarios. También explica que tras su encuentro con los facultativos ha constatado que el interno sufre una «enfermedad potencialmente letal» y detalla que uno de los tumores que padece en el cerebro le puede provocar una hemorragia y la muerte. Asimismo, revela que los especialistas le explicaron que la terapia que va a recibir el interno en el hospital va a consistir en «mejorar la calidad de vida del paciente el máximo tiempo posible».

ATENCIÓN PRIMARIA / El juez replica el dictamen del fiscal y le explica que el informe de la forense -en el que se apoyó para oponerse a la libertad condicional- se realizó antes de que los oncólogos examinaran al terrorista. También le aclara que los servicios médicos de los centros penitenciarios son como centros de atención primaria y no están capacitados para atender este tipo de dolencia.

El magistrado se siente especialmente molesto por la exigencia de la fiscalía de que el terrorista haga una renuncia expresa a la violencia porque esa es una condición que no ha pedido en otros casos y porque «no se puede reinsertar socialmente a alguien que va a ser excluido de la sociedad por causas biológicas». También le reprocha que no haya recurrido la concesión del tercer grado concedido por el Gobierno el 17 de agosto y sostiene que solo en el caso de que Uribetxeberria no tuviera un lugar al que ir se le debería mantener en un centro público antes que «derivarle a la calle» y que muera «en unas condiciones más adversas e inhumanas que en la cárcel».

Castro afirma en su auto que no es necesario que un enfermo esté agónico para obtener la libertad, sino que basta con que presente un cuadro que imposibilite su cuidado en la prisión. Los médicos que atienden a Uribetxeberria han apuntado que la terapia que debe recibir el etarra desaconseja que viva «en un medio colectivo». El juez también subraya que el último periodo de la vida de un ser humano «es el más difícil de afrontar» y, por ello, aconseja su excarcelación, porque este tipo de enfermos necesitan «unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión».

El magistrado aprovecha su resolución, que se conoció a última hora de la tarde, para defender su medida. «Frente a quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus familias y a sus seres queridos, el Estado de derecho, en virtud de la legalidad vigente, sienta la línea divisoria» entre los que respetan las normas del derecho y los que no, alega.

La libertad condicional implica que Uribetxeberria no podrá acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas, ni participar en manifestaciones de enaltecimiento de ETA o en las que conlleven desprecio o desconsideración a las víctimas. Tampoco podrá ausentarse de la localidad que fije como lugar de residencia sin autorización judicial y deberá acudir una vez al mes a los servicios sociales y comunicar cualquier novedad referida a la evolución de su salud.

La decisión puede ser recurrida ante la sala primera de la Audiencia Nacional que preside Fernando Grande Marlaska. El fiscal dispone de cinco días para presentar la apelación. Hasta que el acuerdo de Castro no sea firme, Uritxeberria no podrá quedar en libertad.