09 abr 2020

Ir a contenido

Análisis

Una renuncia anunciada

José Antonio Martín Pallín

Al final todo se ha consumado. Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha renunciado al cargo. En los 200 años del Supremo, es la primera vez que esta situación se produce.

El CGPJ aparece por primera vez en nuestro esquema constitucional en la Constitución de 1978. La idea matriz partía de la necesidad de que el gobierno de los jueces se ejerciese por un órgano independiente formado por jueces y juristas. Los jueces, en su mayoría, carecían de formación política, acostumbrados a ser mudos testigos de la vida pública. Se suponía que los juristas aportarían este bagaje, pero la realidad ha sido muy distinta. Con el tiempo, la política ha penetrado en el Consejo por vías espurias.

La autonomía presupuestaria del CGPJ está justificada, pero resulta inconcebible la relajación e irresponsabilidad con que se manejaron los controles de las partidas relacionadas con los viajes oficiales. Las alarmas ya saltaron en Consejos anteriores. No pasó nada y alguien pudo pensar que no había coto. Cuando la persona que decide sumarse al carro del desorden es nada menos que el presidente del Supremo y por extensión del Consejo, la gravedad de su conducta aumenta. Ni los gastos eran una miseria ni podían resistir un mínimo examen ético. El ritual de sus incursiones en Marbella era siempre el mismo. Formalmente un pretexto más o menos oficial para un acto de un día que después se prorrogaba por dos o tres más de vacación absoluta con cargo al erario público.

Finalmente, Dívar no ha dimitido por sentirse responsable de las irregularidades cometidas. Ha renunciado por espíritu corporativo. Solo se arrepiente del daño que haya podido hacer al poder judicial. El matiz es importante. A los ciudadanos no nos pide perdón.