02 dic 2020

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POLÉMICA LINGÜÍSTICA

El Gobierno de Aragón suprime el reconocimiento del catalán

La nueva ley de lenguas hablará a partir de ahora de "aragonés meridional" o "septentrional"

ANTONIO IBÁÑEZ / Zaragoza

El Gobierno de Aragón, formado por PP y el Partido Aragonés (PAR), ha decidido suprimir cualquier reconocimiento legal del catalán, según se extrae del borrador de la nueva ley de lenguas presentado ayer y que derogará la norma aprobada a finales de la pasada legislatura, cuando dirigía el Ejecutivo el socialista Marcelino Iglesias. El nuevo texto afectará a más de 50.000 aragoneses de las comarcas orientales y que a partir de ahora, según el nuevo texto aragonés, hablarán "aragonés meridional" o "septentrional", a pesar de que toda la comunidad académica rigurosa no tiene ninguna duda en señalar que su lengua es una variedad dialectal del catalán occidental.

La consejera de Cultura, Dolores Serrat, presentó el anteproyecto del borrador obviando en todo momento mencionar el catalán. Lo hizo con el director general de Patrimonio, Javier Callizo, quien es autor de un proyecto que en el 2001 sí que incluía el catalán como una lengua aragonesa. Serrat se limitó a asegurar que la nueva ley elimina cualquier "imposición", para evitar además "intromisiones de fuera". Tampoco tenía imposiciones la ley anterior, aprobada con los votos del PSOE y CHA y la oposición rotunda del PP y el PAR, quienes acordaron en su pacto de legislatura cambiar la ley por sus referencias al catalán. Porque, en realidad, la principal novedad es que ya no se habla de catalán en la ley y sí de zonas de utilización histórica de la lengua aragonesa que divide en "áreas pirenaica y subpirenaica" y otra "área oriental".

Se elimina la normalización del catalán y el consejo superior de lenguas, órgano consultivo que será sustituido por una genérica Academia Aragonesa de la Lengua. Será el Gobierno de Aragón, oídos los ayuntamientos, quien decida qué municipios están en el área de influencia. Y la universidad permanecerá ajena a la nueva ley.

Los aragoneses podrán dirigirse a las administraciones en castellano o en su lengua materna, aunque la respuesta que reciban será en el idioma que decida la institución pública. Las entidades locales también podrán emplear la lengua propia, sin perjuicio del uso del castellano, mientras que la denominación de los topónimos podrá ser la usada tradicionalmente, además del castellano. La consejera aseguró que esta ley pone énfasis en la "protección", aunque elimine de un plumazo una de las lenguas propias de Aragón.