De Bruselas a Valencia

El Gobierno tiene hoy una oportunidad de demostrar que está decidido a hacer todo lo que sea necesario para que las comunidades autónomas, esos entes que Bruselas ve como miniestados despilfarradores, cumplan con sus objetivos de déficit este año. Después de haber nacionalizado Bankia y haber emprendido la cuarta reforma financiera, Mariano Rajoy está dispuesto a llegar hasta la intervención si es necesario para que los socios europeos se convenzan -porque no lo están- de que la mayoría doblemente absoluta con la que cuenta (en el Congreso y en los gobiernos autonómicos) le permite enderezar la economía española a base de recortes y reformas.

Esta tarde se reunirán en la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, los 17 consejeros económicos de las autonomías con el titular del departamento, Cristóbal Montoro. El objetivo de esta cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es aprobar los planes de ajuste que las 17 comunidades han diseñado para cerrar el año con solo un déficit del 1,5% del PIB, una cifra que parece prácticamente inalcanzable para las que, en el año 2011, cerraron con el 7,3%, como Castilla-La Mancha, o el 4,5%, en el caso de Extremadura. Pero el verdadero mensaje que Montoro y Rajoy quieren enviar al exterior, en una semana en la que la prima de riesgo ha superado la barrera psicológica de los 500 puntos, es de transparencia total en las cuentas de las administraciones y de que cogerán las riendas de cualquier autonomía que no se vea capaz o no quiera hacer los recortes necesarios para cumplir con los compromisos ante Bruselas. Es una opción que ofrece la nueva ley de estabilidad presupuestaria, aunque fuentes del Gobierno recuerdan que ese es el final de un largo camino que pasa por la petición de un nuevo programa de ajuste, la amonestación y, por último, el traspaso temporal del poder.

Según el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los planes de saneamiento son «satisfactorios en general». Pero si alguno no lo fuera, está previsto que se celebre un segundo CPFF dentro de 15 días con el objetivo de revisar los retoques hechos.

Tanto Beteta como Montoro abandonaron ayer el tono amenazante con el que hablaban hace semanas sobre la posibilidad de intervención. En parte se debe a que el Gobierno ha recibido con alivio los programas de viabilidad de Andalucía y Catalunya, dos de las pocas comunidades en que el PP no gobierna y que han seguido la senda de austeridad marcada por el Ejecutivo. Varios miembros del Gabinete de Rajoy se mostraban ayer especialmente satisfechos con los recortes anunciados por el Gobierno de Artur Mas (CiU) y, sobre todo, de José Antonio Griñán (PSOE), del que temían una rebelión.

LOS 211 MILLONES DEL ESTATUT / Como la nueva ley de estabilidad presupuestaria obliga a hacer públicos los programas de ajuste y permite que se abra un debate sobre todos los planes, esta tarde se pueden vivir momentos tensos entre los 17 consejeros si unos empiezan a hacer reproches a los otros. Especialmente interesante será comprobar cómo ha hecho figurar la Generalitat los 211 millones de euros que Catalunya reclama al Estado en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, una cantidad que el Gobierno ya ha dicho que no pagará.

GOBIERNO ASTURIANO / Según fuentes gubernamentales, los planes de ajuste que más preocupan son los de Murcia, Extremadura y Valencia (que cerró el 2011 con un 3,68% de déficit y es la más endeudada de todas), aunque la colaboración entre Hacienda y las comunidades ha sido muy estrecha y los proyectos deberían llegar ya bastante encarrilados.

Tampoco ocultan que el desfase de Castilla-La Mancha es alarmante, aunque el Gobierno nunca ha blandido la amenaza de la intervención sobre su presidenta, María Dolores de Cospedal, debido a que es secretaria general del PP y el coste político que le conllevaría sería difícilmente reparable.

El caso de Asturias es extraordinario, puesto que a la cita acudirá el representante del Gobierno saliente de Francisco Álvarez-Cascos después de que ayer el PSOE y UPD cerraran un pacto de legislatura.

Montoro enervó a su excompañero de partido el pasado fin de semana cuando anunció que había encargado a la abogacía y a la Intervención General del Estado que estudien la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria con Asturias, ante la imposibilidad de aprobar su plan económico.