CHOQUE ENTRE ADMINISTRACIONES

El Govern limita el conflicto con el Estado al recorte en salud y educación

Pide un informe sobre duplicidades del Estado y exige el cumplimiento de sentencias favorables

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FIDEL MASREAL / Barcelona

El Govern ha decidido llevar alConsell de Garanties los decretos ley del Gobierno del PP por los que pretende ejecutar un recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. La Generalitat entiende que estas medidas del Gobierno del PP invadencompetencias autonómicas y si el Consell de Garanties Estatutàries así lo confirma, presentará recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Consell Executiu ha emprendido esta medida en un paquete de decisiones, fundamentalmente políticas, contra la"recentralización" que lleva a cabo el Ejecutivo del PP, según ha explicado el portavoz del Govern, Francesc Homs. "Nos parecía razonable que atendiendo al principio de legalidad y a la vocación de diálogo, eran necesarias medidas que identifiquen líneas rojas respecto al autogobierno, acciones políticas, acciones institucionales y acciones jurídicas".

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El Govern ha encargado alInstitut d'Estudis Autonòmics un informe sobre las duplicidades administrativas de la administración del Estado. Homs ha puesto como ejemplo los ministerios de Cultura y Educación, a la vista de la transferencia de competencias a las autonomías en estos ámbitos. "Los que hablan de eliminar duplicidades que se lo apliquen a sí mismos, que trabajo tienen", ha afirmado Homs.

El Consell Executiu ha reiterado su defensa de las competencias respecto almodelo territorial catalán, y ha insistido en su voluntad de recurrir al Constitucional todas las iniciativas estatales que vulneren el marco competencial catalán. Homs también ha anunciado que se ha encargado al gabinete jurídico de la Generalitat que eleve unrequerimiento formal contra el Gobierno para que cumpla las sentencias favorables a la Generalitat, com la territorialización de las subvenciones del 0,7% del IRPF para finalidades sociales. Homs ha añadido una defensa de los medios públicos de la Generalitat y la propuesta de que el Parlament reclame al Ejecutivo del PP que cualquier inversión en infraestructuras incorpore un estudio "riguroso" sobre el coste-beneficio.