11 ago 2020

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ESCÁNDALO EN PLENA CAMPAÑA DE LAS AUTONÓMICAS

Fianza récord para Guerrero por el engaño de los ERE

La jueza impone al exdirector de Trabajo andaluz 686 millones de responsabilidad civil

JULIA CAMACHO
SEVILLA

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía encarcelado por el supuesto fraude de los ERE, Francisco Javier Guerrero, deberá afrontar una fianza récord de 686 millones de euros. Se trata de una cantidad que la justicia le reclama no para eludir la prisión sino para poder afrontar las posibles indemnizaciones a las que se verá obligado en caso de resultar condenado, una situación que la juez instructora del caso ve «previsible».

El nuevo auto dictado ayer por la instructora Mercedes Alaya, coincidiendo de nuevo con el último fin de semana de campaña electoral, vuelve a poner en duda la legalidad del procedimiento usado por la Junta para conceder ayudas, la transferencia de financiación de explotación a través de un organismo público en vez de la subvención excepcional que recomendaba la Intervención General. Y cifra en 522 millones de euros el dinero supuestamente defraudado a las arcas públicas mediante esta fórmula discrecional y al margen de controles.

PRIMA PARA LA SUEGRA / La jueza tipifica las cuatro líneas de fraude que empleó Guerrero: las ayudas sociolaborales (por un importe de 456 millones de euros); ayudas a empresas (59 millones); primas por los intrusos, entre ellos su propia suegra (tres millones), y los pagos cruzados (otros cuatro millones). Para fijar la fianza, la jueza suma a este total otros cinco millones «en previsión» de la aparición de nuevos fraudes y la tercera parte del total prevista por la ley. La fiscalía reclamaba 933 millones.

La jueza critica que los sucesores de Guerrero y sus superiores «pudieron advertir la presunta ilegalidad» de los expedientes iniciados y no continuarlos. Rechaza además apartar a la Junta como acusación particular, como pedía la defensa del exdirector de Trabajo, al entender que si se la estima responsable civil subsidiaria los ciudadanos no solo serían los damnificados por el despilfarro de dinero público, sino que además tendrían que destinar sus tributos a pagar esas fianzas.