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TRAS LAS DECLARACIONES DE GUERRERO

La jueza del 'caso ERE' cifra en 887 las ayudas concedidas por el exdirectivo de la Junta encarcelado

El exdirector general de Trabajo declara que la cúpula del Ejecutivo andaluz conocía sus gestiones

JULIA CAMACHO / Sevilla

La encarcelación del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso ERE puede influir decisivamente en el desarrollo de la campaña electoral andaluza que apenas lleva dos dias en marcha. De su declaración, la jueza instructora confirma que tanto él como otras personas del Ejecutivo concedieron casi 900 ayudas a personas casi siempre vinculadas a dirigentes socialistas y en medio de una “clamorosa y continuada” ausencia de legalidad.

Durante su declaracion de estos días, el primer encarcelado por el caso de corrupción ha apuntado que su modo de actuar, el procedimiento por el que se concedieron las ayudas sociolaborales (las prejubilaciones con intrusos), y las ayudas directas, era perfectamenrte conocido por la cúpula del Ejecutivo andaluz, incluidos consejeros y presidentes regionales. Y la jueza no duda en apuntar por donde pueden ir los tiros con sus próximas decisiones: entiende que si Guerrero quedara en libertad podría recibir “presiones” para darse a la fuga y no seguir tirando de la manta, o bien entorpecer la investigación modificando pruebas o influyendo en otros imputados más influenciables.

El auto de encarcelamiento tira por tierra la política de ayudas a empresas en crisis que el Gobierno andaluz ejecutó en la pasada década. Según reconocía Guerrero, se trataba de buscar la paz social, un argumento nada baladí en un región golpeada por el desempleo. Pero la jueza Mercedes Alaya tiene sus dudas y entiende que se produjo una “distracción continuada de dinero público” más bien para el enriquecimiento de unos pocos con la concesión de 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas. Y no ahorra detalles en la descripción de cómo se trabajaba en la Junta: “omitiendo el procedimiento y los controles, conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria, de manera manifiestamente injusta y arbitraria, (¿).Todo para beneficiar a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE”.

El inicio

El auto cuestiona desde el inicio que se hiciera un convenio marco entre la Consejería de Empleo y una empresa pública para dar las ayudas de forma directa, ya que el procedimiento adecuado hubiera sido otro, como repitió la Intervención General. No obstante, la formula adecuada suponia “un marcado control de la solicitud de ayudas” que no convenía a los intereses de Guerrero y otros implicados. Así, muchas veces era el propio director de Trabajo quien ordenaba el pago de una ayuda a una empresa que no lo había solicitado.

El grueso de las ayudas directas se concentró en una comarca sevillana, la Sierra Norte, donde se beneficiaron alcaldes socialistas o familiares de dirigentes del partido, incluido un hermano del expresidente de la Junta en los 80, Ángel Rodríguez de la Borbolla. Los datos no resisten la comparación: 50,8 millones de euros para la comarca frente a los 24,6 millones repartidos por el resto de Andalucía.

Los intrusos

Pero la trama no solo vivía de ayudas directas, también estaban los `intrusos¿ incluidos en las prejubilaciones de empresas para las que nunca trabajaron. En este punto, la jueza critica en su auto que Guerrero, “de acuerdo con otros”, extendiera la idea deque la Junta asumiría el coste de las prejubilaciones de trabajadores despedidos. No importaba que fuera obligación del empresario, que los despidos no fueran necesarios o incluso no hubiera un expediente de regulación.

En este punto, el auto estima que Guerrero “abusó de su cargo” y ordenó la inclusión de los intrusos para beneficiar a sus conocidos o a gente vinculada a altos cargos de la Junta o dirigentes socialistas. La Junta, que siempre ha llevado a gala haber denunciado los casos desde el momento en que tuvo conocimiento, ha hallado en su investigación interna un total de 72 intrusos.

Para incluir a estos extraños en las pólizas de las prejubilaciones, la jueza entiende que Guerrero constituyó un entramado formado por un grupo concreto de aseguradoras ¿algunas de dudosa solvencia¿, mediadoras y despachos de abogados y técnicos “al calor de un negocio rentable; pagaba la Junta”. Entre otros beneficiados por este sistema estarían de momento su propia suegra o familiares de su chofer, también imputado y que recibió ayudas directas para empresas montadas ex profeso que agradeció pagando drogas y alcohol a Guerrero.

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