Fabra destituye por corrupción a dos altos cargos valencianos

Al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se le acumulan los problemas. Por si no fuera ya suficiente lidiar durante la última semana con la violencia policial en las calles de Valencia, ayer tuvo que destituir a dos altos cargos de su Gobierno al estallar un posible nuevo caso de corrupción en la comunidad, esta vez por la gestión de las ayudas del Ejecutivo autonómico a la cooperación en el Tercer Mundo.

Mientras se celebraba la sesión de control en las Corts Valencianes, Fabra se enteró de que la Policía Nacional había registrado la sede de Integración y Cooperación, dentro de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, y había detenido a su director general, Josep María Felip, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Al mismo tiempo, el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, que antes había ocupado el mismo cargo en el extinto departamento de Solidaridad, también se encuentra imputado en el caso. «Nos sentimos engañados, esta tarde los dos serán cesados de sus cargos», afirmó Fabra por la tarde, tras anunciar la destitución de ambos altos cargos.

La operación investiga los fondos adjudicados por la Generalitat Valenciana a las fundaciones CYES y Hemisferio (esta última denominada anteriormente Entre Pueblos). El proceso se inició tras una primera denuncia presentada por la diputada autonómica socialista Clara Tirado, quien expuso que, en el 2008, una subvención de dos millones de euros dirigida a una supuesta oenegé para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua se destinó, en realidad, a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia. Durante la operación, se practicaron al menos otras 10 detenciones a miembros de estas fundaciones, según fuentes judiciales.

Fabra, que aseguró que su Gobierno se personará en el proceso, calificó de «muy grave» el comportamiento de los dos altos cargos nombrados durante la etapa de Francisco Camps y anunció que será «intolerante» con estas situaciones en el futuro. No obstante, preguntado por si actuará igual ante otros casos investigados, como Gürtel, Brugal o Emarsa, el presidente valenciano ya no se mostró tan rotundo.

Tampoco exhibió contundencia ante la delicada situación actual del portavoz del PP en el Parlamento autonómo, Rafael Blasco, quien ostentaba el cargo de consejero de Solidaridad durante la etapa que investiga la policía. «Solo actuaremos ante detenidos e imputados», se defendió Fabra, aunque insistió en que, a partir de ahora, serán apartados «quienes incurran en corrupción».

«NO SIGNIFICA NADA» / Sin embargo, la detención de Felip, entonces número dos de Blasco, deja en el punto de mira al exconsejero, quien ayer, al saltar la noticia, se encontraba en las Corts. Quizá sin saber todavía que horas más tarde se producirían las destituciones, Blasco afirmó que las detenciones «no significan nada», recalcó que Felip es una persona «honesta» y que las ayudas destinadas a cooperación «están perfectas».

Sin embargo, los partidos de la oposición exigieron de inmediato la dimisión urgente de Blasco, al ser el responsable del nombramiento en su día de Felip. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, estimó que podrían haberse desviado hasta nueve millones de euros. Compromís reclamó al Gobierno valenciano toda la documentación relativa a las subvenciones a cooperación.