El Supremo fulmina a Garzón

Acoso y derribo. El Tribunal Supremo abrió ayer la caja de los truenos al condenar al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por haber ordenado la grabación de las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en la cárcel. Una sentencia con la que el alto tribunal fulmina la carrera judicial del exmagistrado de la Audiencia Nacional, que será expulsado de ella por el Consejo General del Poder Judicial. Garzón reprochó a los jueces del alto tribunal haber usado el juicio «como una excusa» para «dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses», y que tenía como objeto «acabar con un concreto juez».

Dura respuesta para una sentencia que destaca por su severidad. El Supremo condenó a Garzón sin tener ningún dato que acredite que estos abogados «iban a cometer nuevos delitos». Pese a todo, el tribunal acusó al juez de prevaricación al dilapidar un derecho básico (la confidencialidad de las comunicaciones entre defensor y defendido) de forma «arbitraria», y de situar con ello a España «al nivel» de un régimen totalitario. Los siete magistrados que dictaminaron sobre Garzón sostienen que, con su actuación, restringió «sin justificación» el derecho de defensa de los acusados, infligiéndoles «un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de los imputados y de los letrados afectados»

La sentencia afirma que se vulnera el Estado de derecho «cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad», y rechaza la tesis de una «interpretación errónea de la ley». «Fue un acto arbitrario», concluye tras recordar al juez que «el autor debe tener conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta».

El Supremo dio a conocer su decisión solo un día después de que dejara visto para sentencia el otro juicio que ha llevado a Garzón al banquillo de los acusados por haber investigado los crímenes del franquismo. El condenado recibió la sentencia en mano y sintió una profunda indignación cuando se enteró de que, además de la pena de inhablitación, había sido castigado a pagar una multa de más de 2.000 euros y la minuta de sus acusadores, es decir, de los letrados de los jefes de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo. Además, con este fallo, Garzón se convierte en el primer condenado vinculado a esta red de corrupción, ya que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa han sido absuelto, y el resto de los implicados o han sido exonerados o todavía no se han sentado en el banquillo.

LOS REPROCHES / El juez perdió ayer el respeto al Supremo, destino al que todos los magistrados aspiran cuando inician su carrera, y tiró por la calle de en medio. En un comunicado, sostuvo que se le ha condenado de una forma «injusta y predeterminada». Y reprochó a sus excolegas que le hayan impedido «aportar las pruebas» que demostraban su inocencia, y que hayan utilizado el juicio oral «como una excusa» para dictar una sentencia que «contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez, a laminar la independencia de los jueces en España». En su opinión, la resolución del tribunal «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad».

Por ello, el exmagistrado de la Audiencia Nacional anunció que acudirá a todas las vías legales a su alcance «para paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido». Por su parte, su hija María, dirigió una carta a «los que durante años han vertido insultos y mentiras y que por fin han alcanzado su meta». Y les advirtió: «No nos harán bajar la cabeza, nos han tocado, pero no hundido».

La reacción de cientos de ciudadanos que salieron a la calle en Madrid provocó que el presidente del Supremo, Carlos Dívar, usara también la vía del comunicado para defender a sus subordinados y desmarcarse de Garzón, antiguo compañero de carrera. Dívar calificó de «frívolas y carentes» de fundamento las posiciones de los que «atribuyen a otras intenciones» la condena del alto tribunal. Por el contrario, sostuvo que el fallo aplica el principio democrático de que «la ley es igual para todos».

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial acordará la expulsión de Garzón de la carrera judicial mientras dure la pena. El juez tendrá que buscarse la vida fuera de la judicatura.