Garzón rechaza "frontalmente" la condena del Supremo y anuncia que recurrirá

El juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por intervenir las conversaciones de varios de los imputados en el caso Gürtel y sus abogados, ha rechazado "frontalmente" la sentencia y ha anunciado que la recurrirá. En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".

"Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido", finaliza en su nota pública el juez. Garzón explia en su nota las razones que le llevaron a tomar la decisión de las escuchas y acusa al tribunal de haber prejuzgado su actuación: "Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado solo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses". Garzón va más allá, al afirmar: "Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama".

Fundamentos legales

Desde un punto de vista técnico, el juez considera que los argumentos esgrimidos por la sentencia carecen de toda base: La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el dolo a la defensa de los acusados, en el literal de la sentencia --la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho--, es, según Garzón, "una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal".