Las finanzas públicas

Alerta máxima en el Govern por el impago de 759 millones del Estatut

Todos los partidos catalanes apoyan a Mas en su reclamación de que Zapatero pague lo acordado

La Generalitat admite una grave crisis de tesorería y estudia llevar al Gobierno socialista ante la justicia

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FIDEL MASREAL
BARCELONA

Una declaración de guerra contra un adversario que está en retirada y se lleva el botín. Esta es la escena que protagoniza el Govern de Artur Mas frente al Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de los 759 millones prometidos por este último para este año y que finalmente -así lo ha comunicado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a CiU- no llegarán a las ya maltrechas arcas de la Generalitat. El enojo en el seno del Govern es directamente proporcional al problema de tesorería (el día 20 toca pagar, como cada mes, la nómina de los 205.000 funcionarios públicos de Catalunya) que supondrá a Mas no poder contar con este dinero que legamente le corresponde a la Generalitat en virtud de una de las pocas cláusulas del maltrecho Estatut que se habían aplicado hasta ahora.

Concretamente, se trata de la disposición adicional tercera, por la que la administración central ha de invertir durante siete años el equivalente de lo que representa Catalunya en el conjunto del PIB estatal. Así se ejecutó el año pasado, por valor de 335 millones de euros correspondientes a la liquidación del 2007. Y para este 2011 el dinero a abonar era de 759 millones, de la liquidación del 2008. Y eso es lo que consta en los presupuestos estatales. No solo eso, sino que el presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista con Mas en la Moncloa el 7 de febrero, se comprometió a hacer efectivo este pago. Y así lo ratificó una comisión bilateral Estado-Generalitat. Pero el martes la vicepresidenta económica, Elena Salgado, confirmó que ese dinero no llegará porque falta la firma de un convenio con el Govern que el Ejecutivo central prefiere no rubricar estando en funciones. Según Mas-Colell, el Gobierno socialista aduce que no tiene dinero.

CIERRE DE CAJAS / El equipo delconseller estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ejecutivo español. El único límite que se marca el Govern es el de evitar un esfuerzo legal inútil. Pero ganas de guerra no le faltan. Mas fue ayer beligerante: «El Gobierno de Zapatero se va igual que empezó, incumpliendo». Elpresidentadmitió que, en efecto, la situación financiera en la que queda ahora la Generalitat es «complicada».

Más allá de la batalla legal y el enojo político, al Govern le quedan apenas 13 días para desactivar la alerta roja que genera esta situación. La primera opción es la que planteó ayer Mas-Colell al PPC en el seno de una reunión sobre los presupuestos: reclamar al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy (cuyo primer Consejo de Ministros se reunirá el día 23) que firme de inmediato, antes de final de año, el convenio que desencalle esta inyección económica. En paralelo, alconseller le resta acudir al mercado de la deuda, cuyas condiciones y exigencias son más que duras, o congelar todo tipo de pagos a proveedores. Laconselleriaaseguró ayer que, en todo caso, lo que Mas-Colell siempre garantizará es el pago de los intereses de la deuda y las nóminas de los funcionarios.

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En lo que a dificultades económicas se refiere, llueve sobre mojado. Un dato ilustra esta situación. En la última página del cuadro de previsiones para el 2012 que ayer Mas-Colell entregó a los grupos parlamentarios en la negociación de las cuentas, sobresale una cifra no por conocida menos dura: el pago de los intereses de la deuda catalana crecerá el año que viene un 30%.

CONSENSO CATALÁN / En esta batalla política, Mas y elconsellerMas-Colell consiguieron el apoyo del resto de grupos parlamentarios, desde el PPC a Esquerra Republicana. Los populares ven «incalificable» que el Gobierno no pague, y el PSC fue más allá. La diputada socialista Rocío Martínez Sampere animó alconsellera «utilizar todos los mecanismos» para hacer posible que el Gobierno en funciones pague. Algo en lo que Mas ya no confía. Solo queda la batalla jurídica, de solución dudosa y nunca inmediata, y la búsqueda desesperada de 759 millones de euros antes de fin de año.