DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Los cuatro detenidos por las agresiones del Parlament, citados el jueves ante la Audiencia Nacional

Centenares de indignados, a las puertas del Parlament, el pasado 15 de junio.

Centenares de indignados, a las puertas del Parlament, el pasado 15 de junio. / periodico

ANTONIO BAQUERO / J. G. ALBALAT / MARGARITA BATALLAS / Barcelona

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los tres detenidos este lunes por losMossos d'Esquadra por su supuesta participación en losaltercados que bloquearon el Parlament de Catalunya altercados que bloquearon el Parlament el pasado15 de juniohan sido citados a declarar el jueves por la mañana en laAudiencia Nacional, en Madrid. Los arrestados han sido puestos en libertad tras negarse a prestar declaración en la comisaría de Sants-Montjuïc. 

La policía autonómica ha empezado a detener a los 22 imputados por el acoso a diputados. En la protesta ante el Parlament participaron unas 3.000 personas, según losMossos. Todos los acusados pertenecen al movimiento15-M. La policía sigue investigando la identidad de los promotores del bloqueo a la Cámara catalana.

Los agentes han arrestado a cuatro personas en Gràcia, Ciutat Vella, el Clot y Sant Andreu. Una de ellas se encontraba en su puesto de trabajo cuando se ha producido la detención. Los abogados defensores de los imputados han declarado que la operación supone un "escarnio público de cara a la galería", en palabras del letrado Jaume Asens.

Los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Sants-Montjuïc, donde se les ha entregado la citación judicial en la que se les comunican los cargos que se les imputan y por los que tendrán quecomparecer ante la Audiencia Nacional el jueves.

Entre tres y cinco años

El juez de la Audiencia NacionalEloy Velasco abrió una investigación sobre los incidentes que se produjeron ante el Parlament y pidió a la Fiscalía de Barcelona que le enviase las grabaciones que tuviesen sobre los hechos.

El magistrado Velasco califica dichos actos como un "ataque" a una institución estatal y los encuadra en un delito contra altos organismos de la nación, que está castigado con penas que oscilan entre los tres y los cinco años.