DEBATE EN EL CONGRESO

La reforma de la Constitución sale adelante con PP y PSOE y la inhibición de CiU

Zapatero conversa con la vicepresidenta Elena Salgado y Manuel Chaves habla con la minstra de Exteriores, Trinidad Jiménez, durante el pleno del Congreso.

Zapatero conversa con la vicepresidenta Elena Salgado y Manuel Chaves habla con la minstra de Exteriores, Trinidad Jiménez, durante el pleno del Congreso. / rgl

JUAN RUIZ SIERRA / PILAR SANTOS / Madrid

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El Congreso ha aprobado este mediodía la primera reforma constitucional de calado desde 1978. A diferencia de entonces, esta vez no ha habido consenso sobre la modificación, llevada a cabo para que en la Carta Magna aparezca el límite de déficit de las administraciones, como reclaman Alemania y Francia. La reforma ha salido adelante con 316 votos a favor (PSOEPP y el único diputado de UPN) y 5 en contra (Coalición Cararia, UPyD y dos del PSOE, uno del exsindicalista Antonio Gutiérrez y otro, por error, de Jose Manuel Bar), pero el rechazo que esta medida legal ha provocado en los partidos minoritarios se ha evidenciado también en otras dos posturas distintas. Por un lado, los diputados de ERCBNG e ICV y los tres de la corriente Izquierda Socialista del PSOE han salido del hemiciclo durante la votación, como forma de protesta. El PNVIU y CiU, por su parte, han decidido estar presentes en la votación pero sin participar en ella.

Es decir, al igual que en el pleno del pasado martes, donde se decidió la toma en consideración de la reforma, que ahora pasará al Senado, los nacionalistas catalanes se han inhibido de la votación, pese a que ayer todo apuntaba a que esta vez se iban a abstener. Hasta el último momento han intentado socialistas y populares que la federación se sumase al acuerdo, o al menos se abstuviera en la votación, con varias enmiendas transaccionales a las enmiendas de los nacionalistas. La más relevante proponía que en caso de catástrofe natural, recesión económica y situaciones de emergencia, las autonomías puedan pedir autorización al Congreso para elevar su déficit.

El veto de Llamazares

Sin embargo, no ha podido votarse. Las enmiendas transaccionales necesitan del consentimiento de toda la Cámara para que puedan votarse. Y Gaspar Llamazares, de IU, muy molesto con la forma de tramitar la reforma, sin referendo y con vetos del PSOE y el PP a la toma en consideración de las enmiendas de otros grupos que pedían el derecho de autodeterminación o la república, ha decidido vetar la tramitación de la iniciativa de socialistas y populares como forma de expresar su rechazo a la modificación de la Carta Magna.

La no urgencia

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha defendido que de nuevo su grupo se inhibiera en la votación, porque, pese a estar de acuerdo con el objetivo de la modificación, no considera que la reforma sea urgente como para hacerlo de espaldas a la mayoría de los grupos parlamentarios. "Va a entrar en vigor en 2020 --ha dicho a la salida del hemiciclo--. ¿Dónde está la urgencia? Esto no va a calmar a los mercados (...) Lo que se necesita es hacer reformas estructurales". El democristiano también ha lamentado el “espectáculo” que los parlamentarios han ofrecido durante la votación y ha añadido que ese "dislate" demuestra que "lo que empieza mal acaba mal".

Fuentes del PP, por su parte, han lamentado que, en su opinión, el Gobierno no se haya implicado más en la negociación y en la presión a los grupos para que apoyaran la reforma "pese a tener a toda la Administración Pública detrás para hacer todos los informes que fueran necesarios". "Se ha trabajado hasta el último segundo para que CiU se pudiera sumar. Seguiremos trabajando para que el consenso sea mayor en el Senado", ha dicho Francesc Vallès, diputado del PSC.

La reforma se debatirá la semana que viene en el Senado, antes de su aprobación definitiva.

Blanco niega que la reforma sea de derechas

Tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, José Blanco, ha recordado que en Suecia la socialdemocracia aprobó en los años 30 una ley parecida a esta reforma constitucional, por lo que ha tachado de "ideológicamente falso" que esta modificación responda a "una política de derechas".

Blanco ha asegurado que si se hubieran aceptado las enmientas propuestas por los nacionalistas (como la del PNV a favor del derecho a decidir y la de CiU sobre los límites a la solidaridad territorial) "sí que se habría quebrado el pacto constitucional".