Cronología de 29 meses de investigación

La decisión judicial de abrirjuicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana,Francisco Camps, se produce dos años y cinco meses después de que el juez de la Audiencia NacionalBaltasar Garzón iniciara la investigación por una supuesta trama de corrupción en el denominadocaso Gürtel.

Fue el6 de febrero del 2009 cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado aOrange Market, cuyo responsable en Valencia,Álvaro Pérez, fue detenido tres días después por su presunta implicación en lared de corrupción.

No obstante, fue el19 de febrero cuando dos periódicos publicaron que laFiscalía Anticorrupción implicaba alpresidente valenciano en la trama de corrupción debido a una frase de una imputada que aludía al pago de30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.

Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana delcaso Gürtel alTribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV,Ricardo Costa, el exvicepresidente del ConsellVíctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de TurismoRafael Betoret.

Declaración como imputado en el 2009

El21 de abril el TSJCV se declaró competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps --a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgaradjudicaciones a esta sociedad-- y a los otros tres dirigentes valencianos.

Uno de los hitos de ese año fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito decohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante elSupremoen septiembre.

Enoctubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes delPP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.

Un mes después, el PSPV presentó unaquerella contra la dirección del PPCV y cuatroconstructoraspor varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir enfebrero del 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.

Con un regalo, basta

Enabril, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y elTribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular. El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que hayacohecho pasivo impropio basta con la aceptación de unregaloentregado en consideración del cargo.

Ya en el2011, el pasado enero, el magistrado del TSCJVJosé Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el presidente presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa. La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.

Trajes y financiación

Enabril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama definanciación irregular del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En mayo, el TSJCV asumió investigar unposible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

Un mes después, el TSJCV rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresidentVicente Rambla y de la expresidenta de Les CortsMilagros Martínez. El5 de julio, el TSJCV rechazó acumular lascausas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró lavista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.

Este viernes con la decisión de sentar a Camps en elbanquillose abre una nueva fase del proceso.