05 jun 2020

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Proyecto para simplificar la administración catalana

El Govern se propone modificar 80 leyes en una sola votación

El texto abre la puerta a que las mutuas presten servicio en los hospitales públicos

Mas diseña un extenso plan legislativo que revoluciona los servicios de la Generalitat

TONI SUST
BARCELONA

El Govern ha decidido poner negro sobre blanco, y sin miramientos en la ambición de la maniobra, su plan para simplificar la administración catalana y promocionar la actividad económica. El resultado es un anteproyecto de ley extenso (274 páginas) y multisectorial, la ley ómnibus, que prevé modificar con una sola votación unas 80 leyes para eliminar organismos, reducirlos y aligerar normas existentes. También aboga por limitar la composición de organismos, entre ellos la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Otros, como el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, verían cercenadas sus principales funciones. En su conjunto la propuesta supone un finiquito relativo de gran parte de la herencia del tripartito. Pero, asimismo, recoge restricciones que podrían afectar de forma muy considerable a la prestación de servicios. Un ejemplo capital: el texto establece que se limite la atención sanitaria a quienes no cuenten con una antigüedad de seis meses en el empadronamiento, pero por omisión excluye también a los pacientes del resto de comunidades autónomas españolas. En el ámbito de la sanidad, abre también la puerta a que las mutuas privadas presten servicio en los hospitales públicos catalanes.

A favor de la iniciativa legal cabe reseñar que cumple con un antiguo anuncio del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de sus tiempos de jefe de la oposición: el de limitar las normas existentes para facilitar la vida administrativa a los ciudadanos y estimular así la actividad económica. La oposición tiene argumentos en su contra, principalmente la tremenda dificultad de los sectores afectados para desentrañar en muy poco tiempo, tan solo una semana en exposición pública, una propuesta compleja y presentar alegaciones si lo consideran necesario. Compleja porque de una página a otra se abordan todo tipo de cuestiones de naturaleza distintas.

PROSTITUTAS, JILGUEROS Y EL ICS / Por ejemplo, y entre muchísimas otras medidas (el documento consta de 631 artículos) se aboga por sancionar a las profesionales de la prostitución que se sitúen junto a las carreteras y también a sus clientes; se establece que las cooperativas que se fusionen solo tengan que anunciarlo en un diario «de gran difusión» y no en dos; se abre la puerta a que las instalaciones del ICS puedan servir para la atención médica privada; se permite de nuevo la captura en vivo de la hembra del pinzón vulgar, el jilguero, el verderón común y el pardillo común pero solo para actividades tradicionales relacionadas con el canto, y se acaba con la posibilidad del alquiler forzoso de viviendas vacías, entre otras medidas. Es decir, el anteproyecto combina decisiones de gran importancia con otras que tan solo afectaran a sectores muy acotados de la sociedad catalana. Todo esta mezcla está en exposición pública desde el miércoles y durante siete días. Un periodo que ha llamado la atención de algunos de los partidos, que recalcan que lo habitual es que la exposición pública dure 15 o 20 días a menos que se pueda demostrar que existe una urgencia que lo justifica.

Otro de los rasgos del anteproyecto es que propone despojar a la Generalitat de algunas de las ropas que le colocó el tripartito. El texto, en general, tiene el aroma del anuncio que meses atrás, en plena campaña de las elecciones autonómicas, CiU hizo al explicar sus intenciones respecto al departamento de Interior: el objetivo es desandar los pasos dados por el Govern anterior. De prosperar la ley ómnibus, algunos de los organismos cuya naturaleza se pactó durante la gestión del Govern de izquierda se verán mermados. A bote pronto, la CCMA, el CAC y el Conca, cuyo plenario se mostró ayer en «desacuerdo radical» con los planes legislativos del Govern de Mas.

SEGURIDAD JURÍDICA / «El principio de seguridad jurídica salta por los aires. Parece que se quiera hurtar el debate al Parlament mezclando muchas cuestiones en una sola ley», afirma la portavoz adjunta del PSC, Laia Bonet, que sospecha de que CiU aprovechará que el verbo «simplificar» es bien visto para eliminar organismos y normas que le incomodan.

La portavoz de ICV en la Cámara catalana, Dolors Camats, critica el poco tiempo que tendrán las entidades para estudiar el documento, que tilda de «una estafa política y democrática; es una ley clientelar». La ecosocialista cree que la propuesta beneficiaría a sectores empresariales porque supondría eliminar controles existentes. Como ejemplo de desregularización cita el hecho de que se acabe con el registro único de la vivienda pública, algo que, asegura, facilitará las «trampas» en la concesión de pisos. Camats subraya que si todo va como debería, el anteproyecto obligará a cientos de comparecencias, por el gran número de sectores afectados. Considera que hay partes del texto lógicas que ICV podría debatir, pero que estas van acompañadas de reformas inasumibles.

El diputado de Esquerra Oriol Amorós juzga «un auténtico escándalo» que la exposición pública se reduzca a una semana y advirtió de que el grupo de los republicanos «mirará con lupa las posibles pérdidas de garantías y de derechos» de los catalanes si la ley prospera.