Análisis

Una miopía política inconmensurable

MinistrosChacón y Blanco, ayer en el Congreso.

MinistrosChacón y Blanco, ayer en el Congreso. / JUAN MANUEL PRATS

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Carles Pastor
Carles Pastor

Periodista

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Los socialistas catalanes se han resistido una vez más a cruzar el Rubicón, y sus 25 diputados no han votado contra el PSOE para exigir al Gobierno deJosé Luis Rodríguez Zapateroel pago inmediato de un anticipo a cuenta del fondo de competitividad que le corresponde a la hacienda catalana para el ejercicio del 2011. De acuerdo con el PSOE, el PSC ha optado por instar a ambas administraciones a negociar bilateralmente una salida a este contencioso. El Gobierno central no niega la deuda -si bien cuestiona la cifra calculada por el anterior tripartito (1.450 millones de euros)-,

pero argumenta que no tiene la obligación de abonarla hasta que se liquide el presupuesto del 2011, dentro de un par de años. Pero sí pagó los anticipos de los ejercicios del 2009 y 2010, por lo que el argumento utilizado ahora solo tiene una explicación posible: que centrifuga el déficit a las comunidades autónomas. El aplazamiento del pago en el 2011 ya fue decidido por Hacienda cuando gobernaba el tripartito.

Existe una larga tradición entre los nacionalistas catalanes de presionar al PSC para que rompa con sus correligionarios del PSOE y demuestre así que es un partido «verdaderamente» catalán. Y de forma reiterada, el PSC se ha negado a fracturar la unidad del socialismo español, so pena de pagar un precio probablemente ina-

sumible para unos y otros.

El PSC considera que ya ha proclamado por activa y por pasiva -votando incluso una moción idéntica en el Senado- que en esta cuestión está al lado del Govern de la Generalitat y de los demás partidos catalanes, incluido el PP. ¿Por qué no reiterar entonces en el Congreso de los Diputados ese apoyo explícito a la reivindicación de que el pago no se demore? Dice que porque detrás de esta iniciativa de CiU solamente hay un interés electoralista (el próximo día 22 se celebran elecciones locales) y de utilizar la greña «con Madrid» para distraer a la opinión pública de la política de recortes sociales emprendida por el Gobierno deArtur Mas (el próximo sábado está convocada una manifestación de protesta en Barcelona; una movilización que, cómo no, también dará réditos electorales, en este caso a los socialistas). Esos recortes, por cierto, no podrían evitarse aunque se cobrara durante este ejercicio ese fondo de competitividad. Si acaso, mejoraría la posibilidad de cumplir los objetivos de déficit fijados para las comunidades autónomas.

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Todos los actores políticos se han dedicado a utilizar esta cuestión como arma arrojadiza, acusando al contrario de actuar «en contra de los intereses de Catalunya» o «de los catalanes». Desde el PSC hasta el PP de Catalunya, pasando, naturalmente, por CiU, ERC e ICV-EUiA, se han sumado de forma oportunista al eslogan patriótico, escamoteando que este fondo u otros también sujetos a pago aplazado afectan igualmente a otras comunidades.

Lo importante es que el fondo de competitividad -nacido de la nueva financiación autonómica derivada del Estatut- es la piedra de toque de un sistema que, por la vía del federalismo, debe poner límites a lo que algunos denominan expolio fiscal de Catalunya (y, dicho sea de paso, de otras autonomías que están por encima de la media española en riqueza). Más claro, agua: tiene que ver con el encaje de Catalunya en España. Cuestionarlo, ponerlo en crisis, como hace el Ministerio de Hacienda con una interpretación desleal de lo acordado, es de una miopía política inconmensurable.