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SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA

El juez eleva la fianza de Millet y Montull a 24 millones de euros

El auto amplía a las esposas de los dos imputados el veto a vender sus bienes

El magistrado insta a la fiscalía a investigar la posible existencia de nuevas propiedades

J. G. ALBALAT / Barcelona

El juez Miguel Ángel Tabarés, que instruye las causas abiertas por el saqueo del Palau de la Música y la presunta financiación ilícita de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha decidido aumentar de forma considerable la fianza de los dos principales acusados, Fèlix Millet y Jordi Montull. Esta ha pasado, según un auto trasladado a las partes, de los 3,6 millones de euros fijados el pasado 25 de septiembre del 2009 por el anterior instructor del caso, Juli Solaz, a 24 millones de responsabilidad civil directa. La resolución confirma, ante el incremento de la fianza, la prohibición a los acusados de vender los bienes que hasta ahora han consignado, y amplía el veto a sus respectivas esposas, con las que comparten la titularidad de buena parte de ellos.

Tabarés constata la entrega hasta el momento de 4.060.173 euros a los posibles perjudicados por las actuaciones delictivas que se investigan. Están consignados, además, 1.393.000 euros en la cuenta del juzgado, provinientes de las cuentas intervenidas en Suiza a Millet y Montull. Y diferentes bienes inmuebles de los que ambos son titulares y cuyo valor, vistas las valoraciones provisionales que hicieron los propios imputados (más de 14 millones de euros), es "notablemente inferior" al montante de la nueva fianza, según indica el juez. El magistrado fundamenta su decisión en la constatación de que los dos acusados "dirigieron de manera directa todas las actividades antijurídicas" que se están investigando, tal y como "ellos mismos han reconocido". Y añade el hecho de haberse beneficiado de "manera personal, para sí o para sus familiares" del producto de sus actividades.

El escrito impone a Gemma Montull, hija de uno de los dos acusados y exdirectora financiera del Palau, una fianza de 3.200.000 millones de euros, y añade esta responsabilidad a las mujeres de ambos imputados. También se ordena a la Fiscalía que elabore un informe de los bienes susceptibles de ejecución de los que sean titulares los imputados, en un intento de localizar nuevas propiedades que permitan reparar económicamente a los damnificados por el expolio.

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