RELEVO EN LOS DESPACHOS DE LA GENERALITAT

El tripartito promete el traspaso gentil que CiU le negó en el 2003

Los 'consellers' salientes recibirán esta vez a sus sucesores para ponerles al día

Nadal recuerda que el Govern de Pujol comprometió obras en tiempo de descuento

Benach impone la medalla de ’president’ a Maragall, en el 2003, después de que Pujol se negase a hacerlo.

Benach impone la medalla de ’president’ a Maragall, en el 2003, después de que Pujol se negase a hacerlo. / ARCHIVO / JOAN CORTADELLAS

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NEUS TOMÀS
BARCELONA

El 22 de diciembre del 2003, cuando Josep Lluís Carod-Rovira llegó al Palau de la Generalitat para ocupar el despacho de conseller en cap, su antecesor, Artur Mas, no le recibió. Para ser exactos, le plantó, puesto que, como había anunciado previamente, Mas prefirió no estar presente en el traspaso de poderes. Tampoco Antoni Fernández Teixidó esperó a los dos encargados de repartirse su cartera: Josep María Rañé y Pere Esteve, que falleció poco después. A cambio, estos se encontraron una carta en la que su predecesor se ponía a su disposición por si tenían alguna duda. Han pasado siete años, se han vuelto las tornas y ahora son los consellers del tripartito los que deben dejar paso a los de CiU. El titular de Política Territorial en funciones y portavoz de la que posiblemente fue la última reunión del actual Ejecutivo, Joaquim Nadal, prometió ayer que esta vez los consellers salientes estarán en sus despachos para recibir a los nuevos titulares y que se reunirán con ellos para ponerles al corriente de la gestión de cada departamento.

«Será un traspaso ordenado, consciente, meticuloso y público», aseguró Nadal, quien exhibió un folio en blanco para subrayar que eso fue lo que se encontró el primer tripartito junto a un hoja escrita que simboliza, añadió, la información que hallarán sus sucesores cuando lleguen. Es decir, los miembros del Gabinete de Mas no deberían tener problemas para disponer de la documentación necesaria que les permita estar al día en su nuevo cometido. O al menos ese es el compromiso público de los partidos de izquierda.

PAPELES Y TRENES / Hace siete años Carod y Joan Saura, entre otros, acusaron al último Ejecutivo de CiU de haber destruido documentos antes de abandonar la Generalitat. «En el Govern han roto papeles y han vaciado ordenadores», afirmó entonces Saura en una entrevista con este diario. No fue la única crítica que se formuló en ese momento y que ayer Nadal rememoró. Este explicó que el Ejecutivo de Pujol adjudicó obras y comprometió inversiones en el último momento. Sin citar ninguna, se refería, por ejemplo, a la prórroga hasta el 2014 de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos a varias empresas. El dirigente socialista subrayó la diferencia «abismal» en las formas y en la «prudencia» de unos y otros. El último acuerdo que adoptó el Gobierno de CiU en ese momento fue una subvención de 600.000 euros a Òmnium Cultural.

El Govern de José Montilla, a pesar de que Mas ha anunciado que revisará los traspasos ferroviarios para conseguir una ampliación las competencias de la Generalitat, acordó ayer prorrogar un año el acuerdo con Renfe para gestionar la red de Rodalies e incorporó la de trenes regionales al mismo régimen (más información en la página 26).

PERSONAL Y DEUDAS / Mas ha prometido reducir, como mínimo en un 20%, la cifra de altos cargos de la Administración. El tripartito recuerda que, hace siete años, el Govern de CiU nombró a 71 cargos en pleno periodo electoral. Se beneficiaron de esta decisión desde subdirectores generales hasta jefes de servicio y coordinadores en empresas públicas.

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Montilla aseguró el lunes pasado ante la dirección del PSC que el Departament d'Economia, que dirige Antoni Castells, prepara un informe con las cuentas de la Generalitat y que esta información se hará pública para evitar que CiU presente una auditoría desviada.

Según un primer cálculo, la deuda total que dejará el tripartito rondará los 30.000 millones de euros, 10.000 más que la que heredó cuando los actuales gestores accedieron al poder. Los socialistas temen que con la «excusa» de la caja vacía se recorten servicios y se aproveche para privatizar algunos de ellos.