11 ago 2020

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JUICIO por PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS

Tres expresidente de Ferrocarrils justifican un plan de pensiones millonarios para sus directivos

El exconseller Vilalta, para quien el fiscal reclama cuatro y 10 meses de prisión, culpa a su director general

J. G. ALBALAT

Los tres expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) acusados de malversación de fondos públicos han justificado en el juicio que se ha iniciado hoy, lunes, la contratación de un aparente plan de pensiones por el que 15 cargos percibieron 2,71 millones de euros.

En el banquillo de una sala de la Audiencia de Barcelona se han sentado los exaltos cargos de la compañía en la época de CiU Eric Roig, Antonio Herce y el exconseller Albert Vilalta. El fiscal reclama para los dos primeros seis años de prisión y para el tercero, cuatro años y 10 meses. Además, 13 exdirectivos están incluidos en el proceso como partícipes a título lucrativo para que devuelvan las cantidades percibidas.

El debate es jurídico. ¿Puede una empresa pública contratar una especie de plan de pensiones (preprimas) y nutrirlo con fondos también públicos? El fiscal considera que no y que los expresidentes imputados, valiéndose del cargo que ocuparon en FGC durante los 90, decidieron "aumentar injustificadamente e ilegalmente" las retribuciones que los altos directivos percibían.

Un fondo de 2,71 millones de euros

Según la acusación, los imputados idearon o suscribieron con una aseguradora un contrato de preprimas y base no contributiva en virtud del cual desde 1991 hasta el 2000 FCG constituyó un fondo mediante la aportación de 2,71 millones de euros. Con cargo a este plan, los directivos de la empresa (menos Vilalta) percibieron importantes cantidades de dinero cuando dejaron la compañía.

El expresidente de FGC y conseller con CiU, Albert Vilalta, ha declarado en la vista que fue el que era director general de la firma, Enric Roig (después le sucedió en el cargo), quien le propuso el plan de preprimas para fidelizar a los ejecutivos de la compañía y evitar que estos se fueran a otras empresas del sector. "Me pareció bien como idea", ha reconocido. Y ha admitido que la operación no pasó por el consejo de administración.

Obligados a devolver el dinero

Su sucesor, Enric Roig, ha explicado que la medida era necesaria y ha defendido su legalidad. El "peso" en la gestión de dicho plan, ha dicho, cayó en el que era director financiero Antonio Herce (después fue presidente). Según los abogados defensores, existe un informe jurídico favorable. Roig cobró 1,06 millones de euros y Herce 276.465 euros de este fondo de pensiones y fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver el dinero.

Herce ha asegurado que en 1999 se extrañó de la importante cantidad que debía percibir Roig y que consultó "sus dudas" sobre la cifra al que era conseller Pere Macias, que le remitió al secretario general, que avaló la operación.