LA POLÍTICA LINGÜISTICA

El Constitucional admite los recursos contra la ley del cine y el código de consumo de Catalunya

Da un plazo de 15 días a la Generalitat, el Parlament, el Congreso, el Senado y el Gobierno para formular alegaciones

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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Defensor del Pueblo y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra el código de consumo de Catalunya, y otro recurso del PP contra la ley del cine de Catalunya.

El Constitucional da un plazo de 15 días a la Generalitat y al Parlament, así como al Congreso, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes, según las resoluciones, divulgadas hoy por el tribunal.

Tanto el Defensor del Pueblo como el Grupo Popular en el Congreso recurrieron artículos del código del consumo de Catalunya por considerar que dentro de un establecimiento comercial no puede obligarse a utilizar el catalán.

Las argumentaciones de la Defensora del Pueblo

El pasado 3 de octubre, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, anunció en el Senado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el código de consumo de Catalunya.

Cava dijo que es "inadmisible" que se fijen sanciones por no haber traducido al catalán algunos de los carteles que hay dentro de los establecimientos. "Una cosa es que la administración pueda establecer la utilización del catalán cuando interviene una administración pública, pero lo que son relaciones entre particulares que se practican dentro de un establecimiento comercial" va en contra de la doctrina del Constitucional, "que establece que no existe lengua de preferencia", señaló.

Más de 50 diputados del Grupo Popular han presentado también un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del cine de Catalunya, que prevé que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en los cines de esta comunidad deberán estar dobladas o subtituladas en catalán, y prevé sanciones para las salas que incumplan la normativa.