El Constitucional reabre un caso de torturas a una etarra

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó ayer a un juzgado de Valencia que reabra la investigación por una denuncia por torturas presentada por la etarra Sara Majarenas. El alto tribunal reprocha al juzgado que haya «clausurado» el caso sin haber realizado ninguna diligencia para intentar esclarecer la verdad.

Majarenas fue detenida en el 2005 en Valencia junto a Mikel Orbegozo, su compañero sentimental. La Audiencia Nacional los condenó en el 2007 a 13 y 14 años de prisión respectivamente por integración en ETA, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Apenas dos meses después de su arresto, la terrorista denunció que había sido víctima de malos tratos durante su detención en Valencia y Madrid.

La etarra recibió asistencia en un centro hospitalario de Valencia. También narró a los forenses que la visitaron en la comisaría que había sido golpeada en la cabeza y que había sufrido amenazas. Sin embargo, el juzgado de Valencia archivó la denuncia por entender que la misma tenía como «único fin minar la labor que día a día realizan los miembros y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones». La Audiencia Provincial de Valencia ratificó la decisión de su juzgado.

«SUFICIENTE GRAVEDAD» / Pero el Constitucional ha dejado sin efecto estas decisiones al considerar que los hechos denunciados por Majarenas «presentan la suficiente gravedad» como para que sean investigados. También desmonta los argumentos de los tribunales valencianos. Para el TC, el hecho de que la terrorista tardara dos meses en presentar la denuncia «no le resta credibilidad».

Tampoco encuentra negativo el hecho de que Majarenas no presentara señales físicas de los malos tratos que supuestamente sufrió, ya que «por sus propias características pueden no dejar marcas o señales de su comisión». En cualquier caso, el Constitucional entiende que los efectos de «la violencia ejercida sobre la libertad del individuo no dejan de producirse en el momento en que físicamente cesa aquella, sino que su virtualidad coactiva puede pervivir y normalmente lo hará, más allá de su práctica».

Por todo ello, el alto tribunal reprocha a los jueces valencianos la instrucción de este caso, que en su opinión «fue a todas luces insuficiente», ya que no se citó a la etarra para que ratificara la denuncia ni se consideraron los informes forenses que recogían los malos tratos y los dolores que narró Majarenas. Ahora, el juzgado de Valencia deberá rehacer toda la instrucción para respetar «el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con relación al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes».

DETENCIÓN «VIOLENTA» / Por otra parte, en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia de San Sebastián contra 15 guardias civiles por las presuntas torturas que sufrieron los etarras Mattin Sarasola e Igor Portu -autores del atentado de la T-4 de Barajas en diciembre del 2006, en el que murieron dos personas-, dos de los forenses del Instituto de Medicina Legal que redactaron un informe sobre las lesiones de los dos terroristas aseguraron ayer que las heridas más graves que presentaban los terroristas no son compatibles con la versión oficial. Una tesis que fue desmentida por los peritos propuestos por los imputados.

Los cuatro expertos explicaron que las lesiones de menor entidad que sufrieron Portu y Sarasola, como algunas erosiones en las muñecas y los brazos, pudieron deberse efectivamente a una detención «violenta», pero discreparon sobre las causas de la fractura de una costilla que padeció el primero. Según los forenses públicos, se debió a un puñetazo o patada, mientras que para los forenses de la defensa pudo ser debida a un «placaje» en el momento del arresto de los terroristas.