Argentina pone otra vez a España en el brete del juicio al franquismo

España es un país democrático, un Estado de derecho reconocido, y en el caso de que quepa un juicio a su pasado, se encargará de hacerlo sin intermediarios. Esta fue la actitud del Gobierno cuando la justicia argentina se propuso, en abril pasado, investigar los crímenes del franquismo. Y es de suponer que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantendrá la misma actitud después de que el viernes la justicia argentina reabriera la investigación sobre los crímenes atribuidos a la dictadura y declarase nulo el archivo de la causa que, en mayo pasado, dictó la jueza federal de Buenos Aires María Servini.

Un auto de la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional federal argentina, firmado por el magistrado Horacio Holando, solicita a España que informe de si está investigando los crímenes que tuvieron lugar entre el inicio de la guerra civil, en 1936, y las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, en 1977, y que pueden atribuirse al régimen franquista.

El requerimiento obliga al Ejecutivo a pronunciarse y, tal y como sucedió hace unos meses, fuentes gubernamentales apuntaron ayer como opción más factible la de apelar al principio jurídico internacional de subsidiariedad. Este principio sostiene que una cuestión como la que se discute debe ser resuelta por la autoridad más próxima al objeto del problema excepto cuando en ese país no se puedan garantizar los mínimos requisitos exigibles. Las mismas fuentes consideran evidente que España cuenta con un sólido Estado de Derecho, reconocido en todo el mundo, lo que le blinda ante injerencias externas.

Como era de esperar, la decisión de la Cámara Federal argentina que anuló la orden de la jueza María Servini de archivar la denuncia de familiares de víctimas del franquismo fue saludada en Buenos Aires por organismos defensores de los derechos humanos y especialistas.

LOS ANTECEDENTES / Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional, consideró que el fallo del tribunal de apelaciones es correcto porque «exige analizar fehacientemente» si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista. Al respecto, agregó: «Nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender en su día investigarlos».

El pasado 14 de abril, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y dirigentes locales, presentó en Buenos Aires las primeras denuncias. El fiscal Federico Delgado le recomendó a la jueza Servini de-sestimarlas alegando que en España existían causas en curso. Los querellantes apelaron.

Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron entonces que un juez puede investigar el delito aunque el fiscal no impulse la instrucción del caso. A su vez cuestionaron los fundamentos de la negativa de Delgado -se basaban en información obtenida en internet- y el hecho de que Servini los hiciera suyos a pesar de carecer esa postura «sustento suficiente».

La cámara ordenó a Servini a preguntar a las autoridades españolas «si se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

El abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella, destacó la importancia del periodo señalado por el tribunal. Recordó que Garzón fijó 1952 como límite para investigar desapariciones forzadas de personas y secuestros de niños. «Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura».