POLÉMICA en DOS barrioS BARCELONESES

El juez prohíbe el homenaje a Riera por ser un «ensalzamiento» de ETA

MARGARITA BATALLAS
MADRID

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El juez Pablo Ruz prohibió ayer el recibimiento previsto para hoy, en las fiestas alternativas del barrio barcelonés de Gràcia, de la colaboradora delcomando BarcelonaLaura Riera tras salir del centro penitenciario donde ha cumplido una condena de nueve años. El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Generalitat y a las fuerzas de seguridad que impidan que este homenaje y otros dos se lleven a cabo.

Ruz hace suyos los argumentos de la fiscalía, que el jueves le instó a vetar dicha celebración por ser una forma de «adular» a ETA. El juez ha llegado a la misma conclusión tras analizar varios informes policiales. En ellos, los agentes explican que tres colectivos tienen previsto recibir a Riera a las puertas de la cárcel, rendirle después un homenaje y por último iniciar una marcha con antorchas para pedir la libertad de Dolores López y Marina Bernadó, que cumplen condena en Francia por pertenencia a un grupo terrorista.

ARGUMENTOS / El togado sostiene que su decisión es proporcionada y rechaza que vulnere los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión. En opinión de Ruz, los actos organizados por «unas agrupaciones de personas» que no «figuran en registro oficial alguno» están dirigidos «al ensalzamiento, reconocimiento público o, sin más, al enaltecimiento de personas terroristas por el hecho de serlo». También afirma que se pretende presentar a las protagonistas como presas políticas, «cuando la realidad fáctica acredita que han sido condenadas por su colaboración o pertenencia a ETA y no por su ideología o pensamiento».

Asimismo, subraya que los colectivos convocantes se han constituido para apoyar a condenados por sus vínculos con la banda cuando su origen es catalán o para reivindicar el movimiento okupa, en el que estaba integrada Riera cuando fue detenida por facilitar matrículas de vehículos oficiales alcomando Barcelona.

El juez considera que estas celebraciones suponen «un desprecio y una humillación» para las familias de las víctimas, al tener como «única finalidad la de enaltecer u otorgar reconocimiento o mérito público a las personas» que colaboran o pertenecen a ETA. Esta estrategia, añade, ha sido impuesta por la propia banda que, en numerosos documentos intervenidos, fija como uno de los objetivos «reforzar y reivindicar el valor político de la lucha».

MANDATO / Por todo ello, Ruz ordena a la Generalitat, a los Mossos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que «adopten las medidas necesarias» para impedir actos «que entrañen enaltecimiento a las personas o a ETA y humillación o menosprecio a sus víctimas». También les exige que identifiquen a todas las personas que incumplan esta orden.