El 'síndic' de Comptes contrataca y exige una rectificación a Antifrau

La Sindicatura de Comptes arremetió ayer contra la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) después de que esta le reprochase la demora en la tramitación de un informe sobre la gestión del Palau de la Música. El director de la OAC, David Martínez Madero, lamentó el lunes pasado que la sindicatura hubiese tardado seis años en enviar al Tribunal de Cuentas el citado dictamen traducido al castellano. Pero, como antes, en el 2003, ya lo había remitido en catalán, elsíndic major, Joan Colom, defiende que la sindicatura cumplió con su obligación y que en ningún sitio está escrito que por el hecho de que esté en catalán no sirva. O sea, que si el Tribunal de Cuentas no lo examinó es culpa suya, no de la sindicatura.

Colom también recuerda que en el pleno en el que se aprobó el informe, en julio del 2002, no se hizo constar que se hubiesen detectado irregularidades graves, es decir, no aparecían «indicios de responsabilidad contable». Por eso, según fuentes de este órgano fiscalizador, cuando Colom, años después, envió a Madrid el texto traducido al castellano lo incluyó en un paquete de informes considerados poco relevantes.

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CARTA A BENACH Y MADERO / En cualquier caso, fue el mismosíndic major quien el pasado septiembre se quejó de que en su momento ni el Gobierno de CiU ni el resto de los partidos hiciesen caso del dictamen que ya alertaba del desfase económico en el Palau y cuestionaba el exceso de poder acumulado por Fèlix Millet.

Colom también niega que el retraso en la tramitación haya implicado la prescripción del delito y añade que solo el tribunal puede dar por caducado el proceso. Sus argumentos constan en la carta que ha enviado al presidente del Parlament, Ernest Benach, y en la que ha hecho llegar a Madero. Al director de la OAC le exige además una rectificación.

El tripartito, PPC y Ciutadans acordaron ayer instar a la sindicatura a que, a partir de ahora, el envío al tribunal de los expedientes en los que aparezcan responsabilidades contables o administrativas se lleve a cabo en los seis meses posteriores a la aprobación del dictamen. También se reclama al órgano fiscalizador de las administraciones catalanas que cada año emita un informe sobre el grado de cumplimiento de sus propias recomendaciones. Ambas peticiones forman parte del conjunto de conclusiones de la comisión de investigación que ayer aprobó el pleno de la Cámara catalana.

ÚLTIMO PLENO DEL CURSO / Después de un mes y medio de comparecencias y de analizar centenares de folios de documentación, los partidos de izquierda, el PPC y Ciutadans también unieron sus votos para que el Parlament reclame a la fiscalía que siga investigando la presunta financiación irregular de Convergència (CDC), una ilegalidad que según estas fuerzas ya ha quedado demostrada. «Hay mucho más que indicios», subrayó el socialista Jordi Terrades, quien, de nuevo, insistió en que el candidato de CiU, Artur Mas, debe «comprometer su palabra» de que CDC no fue «cómplice» del expolio.

De todas formas, como los nacionalistas se encargaron de recordar, el PSC exige explicaciones a Mas pero en cambio se opuso a que este compareciese en la comisión de investigación. Ni Mas ni elpresident, José Montilla, estuvieron ayer presentes durante el debate y solo se les vio en el momento de la votación.

El diputado de CiU Jordi Turull reiteró que las acusaciones de los grupos de izquierda responden a sus tesis «delirantes». Para defender el prestigio de la federación, Turull citó una declaración de Jordi Pujol cuando, hace 50 años, ante el tribunal que lo juzgaba por los fets del Palau,proclamó su «profunda catalanidad» y su apuesta por la «libertad». Este fue el último debate de calado del curso parlamentario y todavía no se sabe si también de la legislatura, puesto que elpresidentno ha desvelado aún la fecha de las próximas elecciones autonómicas.