09 jul 2020

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debate de política general en el congreso

Zapatero se compromete con los catalanes a recomponer el Estatut

El jefe del Ejecutivo sale vivo del cara a cara con un Rajoy que le pide por primera vez que dimita

El presidente busca la reconciliación tras el fallo del TC y dice que pactará reformas legales con Montilla

GEMMA ROBLES / Madrid

Sus señorías tenían asumido que celebrar un debate de política general un caluroso 14 de julio, en vísperas del gran éxodo vacacional y en las horas posteriores a la resaca motivada por la gesta futbolística de la Roja no ayudaría, precisamente, a suscitar un especial interés en torno a tan solemne acto parlamentario. Claro que tampoco ayudó a mejorar esas expectativas que el presidente del Gobierno y la mayoría de los portavoces del Congreso se empeñaran en hacer de este un debate de políticos, que no de política. A saber: hubo multitud de justificaciones, infinidad de reproches y numerosos llamamientos a los pactos y hasta al adelanto electoral. Pero anuncios de nuevas medidas por parte del Ejecutivo, ninguno. Y propuestas alternativas de la oposición, tampoco. ¿Entonces? José Luis Rodríguez Zapatero, que pese a todo logró salir vivo de su debate más difícil, se dedicó a hacer esfuerzos titánicos por justificar la polémica gestión de la crisis económica y, de paso, por buscar una rápida reconciliación con Catalunya: se comprometió a desarrollar, por vía legislativa, algunos de los artículos recortados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Zapatero no dio demasiadas pistas ayer de cómo lo haría ni de a qué aspectos concretos se estaba refiriendo, aunque sí aprovecho la circunstancia para tratar de lanzar un balón de oxígeno al president, José Montilla, garantizando que su iniciativa se desarrollará mano a mano con la Generalitat. Pero Montilla, que tiene por delante su propio debate y una cita con el presidente del Gobierno que ha de rentabilizar, se limitó ayer a replicar que «se empieza a escuchar a Catalunya, pero no basta con unas frases».

DESAFECCIÓN / Esta respuesta, que llegó desde el Parlament, y las advertencias lanzadas por los portavoces de CiU, ERC e ICV en el Congreso sobre la nueva era de desafección que se abre tras la sentencia, obligaron a Zapatero a ahondar en este asunto.

De hecho, el Estatut ocupó un lugar privilegiado en el discurso inicial del jefe del Ejecutivo que, tras una breve mención a la oscura situación económica y al esfuerzo colectivo que han de realizar los partidos políticos y los ciudadanos para superar el vértigo de la crisis, se metió de lleno en materia catalana.

ESPAÑA NO SE ROMPE / Tras las críticas recibidas en las últimas semanas, Zapatero consideró oportuno recordar que el PSOE ayudó a la gestación de la Carta catalana mientras que el PP, «ese que decía que se rompía España», recurrió en el alto tribunal. « Y llegados aquí, me dispongo a seguir contribuyendo al desarrollo y aplicación del Estatut. Como es mi obligación. Y no solo obligación, sino como expresión de la legítima opción política de un Ejecutivo que no recela del autogobierno, sino que reconoce y no teme la fuerte identidad política de Catalunya», aseveró. No obstante, cuando llegó el turno de palabra de los grupos catalanes, quedó patente que también se piden cuentas a Zapatero por, entre otras cosas, haber hecho suya una sentencia que deja en mera anécdota el referendo con el que los catalanes refrendaron su carta autonómica.

Valga como ejemplo el enorme esfuerzo que, ayer, hizo en el hemiciclo el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para marcar distancias con ese Ejecutivo al que, hace tan solo unas semanas, ayudó a sacar adelante el tijeretazo. Duran se dijo harto de ser tan «responsable» con el resto del Estado cuando, a su entender, la sentencia del TC es sinónimo de ruptura del pacto constitucional que se alcanzó en la transición. Las palabras del nacionalista no dejaron indiferente a Zapatero, quien se volcó en tratar de convencer a los presentes de que la sentencia es quizá un problema, pero no un impedimento para el desarrollo del autogobierno.

Dicho esto, se comprometió a hacer «todo lo posible» para recuperar la confianza de Catalunya e hizo un llamamiento al sosiego. Pero de sosiego, nada. A Zapatero aún le quedaban por escuchar posiciones más duras que las de CiU: el portavoz de ERC, Joan Ridao, llegó a acusar de anticatalanismo al presidente del Gobierno –que inmediatamente se revolvió contra tal reproche– y proclamó que la puerta para la independencia estaba, merced a la intervención del TC, abierta de par en par. Tampoco se mostró especialmente amable con el presidente el representante de ICV, Joan Herrera, quien repartió a partes iguales bofetones dialécticos a Zapatero por su posición sobre el Estatut y por sus bandazos en política económica.

«LIPOSUCCIÓN IDEOLÓGiCA» / Herrera no fue el único que mostró su absoluta oposición a las medidas que, en los últimos tiempos, ha adoptado Zapatero. Es más, al Ejecutivo le llovieron las críticas desde la derecha y la izquierda, y se pudieron escuchar reproches destinados al presidente por «travestismo político» o «liposucción ideológica». Como era de esperar, Mariano Rajoy, el líder de los populares, se cebó con él y lo calificó del «problema de España», por no ofrecer «credibilidad» ni soluciones a los problemas de los españoles.

El jefe del Ejecutivo trató de zafarse de tanta crítica y apeló al sentido de Estado para justificar su actuación. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, defendió con ardor su política social hasta la llegada de la etapa más grave de la crisis. La autorreivindicación gustó al PSOE. A Rajoy le dio igual y terminó por pedirle un adelanto electoral. Zapatero, envalentonado, le retó a presentar una moción de censura.