El debate jurídico

Casas urge la renovación del TC

El tribunal abre una investigación sobre el origen de la filtración de la sentencia

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EL PERIÓDICO / Madrid

El miércoles 30 de junio, menos de 48 horas después de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobara el controvertido fallo sobre el Estatut de Catalunya tras cuatro años de deliberaciones, la presidenta de este organismo, María Emilia Casas, presentó en el registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que insta tanto a la Cámara baja como al Senado a llevar a cabo la renovación de los magistrados cuyo mandato ha caducado o está a punto de hacerlo. Dicha renovación ha sido reclamada con insistencia durante largo tiempo por el Govern de la Generalitat y los partidos catalanes, que sostenían que el tribunal, con su actual composición –cuatro miembros están en funciones desde diciembre del 2007 y otro falleció en mayo del 2008 sin que su plaza haya sido cubierta– no estaba legitimado para dictar una sentencia de tanto calado como la del Estatut.

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El caso es que el tribunal ha dictado sentencia, y ha sido solo después de ello cuando la presidenta se ha puesto manos a la obra para apremiar a las instituciones a dar los pasos necesarios a fin de acometer la sustitución de los magistrados con el mandato expirado. En la comunicación remitida al Congreso, que también se ha hecho llegar al Rey, a la presidencia del Gobierno, al Senado y al Consejo General del Poder Judicial, Casas señala que cuatro jueces (Javier Delgado, el ya fallecido Roberto García-Calvo, Eugenio Gay y Elisa Pérez Vera) accedieron a sus cargos l 8 de noviembre del 2001 y, por tanto, deben ser sustituidos en noviembre, y recuerda que otros cuatro magistrados (entre ellos, ella misma) están pendientes de ser relevados desde hace dos años y medio. Mientras ello no ocurre, apunta Casas, «los magistrados afectados continúan en el pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

INFORMACIÓN RESERVADA / La publicación, ayer en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, de un extracto del borrador final de la sentencia llevó ayer a Casas a ordenar la apertura de una «información reservada» con el objetivo de averiguar cómo se produjo la filtración del documento y depurar, si procede, «las responsabilidades disciplinarias a las que pudiere haber lugar». A fin de dirigir la citada investigación, la presidenta del tribunal designó como instructor al magistrado Pablo Pérez Tremps, que no pudo participar en el debate y votación del fallo del Estatut al haber sido recusado por el PP.