Las tres preguntas del 'caso Millet'

De vez en cuando conviene recapitular para que la ceremonia de la confusión en que deviene el debate político no nos haga perder la perspectiva. ¿Qué preguntas es necesario responder en el caso Millet, por ejemplo? Sabemos que Fèlix Millet es un (presunto) estafador que engañó a instituciones, empresas y patronos del Palau de la Música para robar una cantidad que ronda los 35 millones de euros. Ese es el caso que investiga el juez Juli Solaz. ¿Existen responsabilidades políticas por este saqueo? Probablemente, aunque están tan repartidas que resulta harto difícil señalar con el dedo a un partido o una institución. Lo que falló, pues, fue todo el sistema de control.

También sabemos que Millet financiaba a CDC, vía convenios de colaboración con su fundación, antes Trias Fargas y ahora CatDem. Los convenios eran aparentemente legales aunque luego se descubrió que Millet no tenía poderes para firmarlos. Antes, pues, de tener que enfrentarse en los tribunales a los actuales gestores del Palau, CDC decidió devolver el dinero a plazos. Pero los indicios publicados por este diario apuntan a que el dinero que Millet destinaba a CDC podía proceder, a su vez, de donaciones de empresas que habían conseguido concesiones en los gobiernos de CiU. Para decirlo claro, lo que investiga el Parlament es si CDC utilizó el Palau para blanquear comisiones y financiarse ilegalmente. También se indaga si el Palau pagó facturas por trabajos que en realidad se hicieron para campañas electorales de CiU. Y por último está el caso de Àngel Colom, que en el momento de entrar en CDC acudió a Millet para saldar la deuda del PI. Todo ello permite hablar sin ambages de un auténtico caso Convergència, hasta el punto que uno no entiende por qué la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que dirige el señor David Martínez Madero, no toma cartas en el asunto en vez de criticar la comisión de investigación y la actitud de los políticos (¡para una vez que se deciden a investigar algo que realmente huele mal!).

Y finalmente tenemos el caso del hotel del Palau, donde se investiga si Millet y Montull cometieron un delito de tráfico de influencias para conseguir pingües beneficios, y falta esclarecer si la actuación del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat obedeció al interés general. Es un caso diferente, pero ello no obsta para que los políticos implicados, entre ellos el conseller de Economia, Antoni Castells, no deban ofrecer explicaciones en el Parlament, sea o no en la citada comisión. Así pues, ¿cómo pudo producirse el saqueo del Palau? ¿Utilizó CDC a Millet para financiarse ilegalmente? ¿Han actuado correctamente el ayuntamiento y la Generalitat en el caso del hotel? Las tres preguntas merecen respuesta, pero por separado, por favor, sin mezclar churras con merinas.