Los crímenes del franquismo llegan a los juzgados argentinos

Darío Rivas tiene 91 años y muchas cosas que recordar. Su padre, Severino, era alcalde de Castro Rey (Lugo) cuando fue fusilado, al comenzar la guerra civil. Hace solo cinco años, Darío logró identificar el cuerpo en una fosa común. Él es uno de los dos familiares de víctimas del franquismo que ayer, bajo una lluvia pertinaz, se presentó ante un tribunal de Buenos Aires, impecablemente vestido con un traje azul, para presentar una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, alcalde de Salamanca ejecutado en 1936.

DELITOS IMPUNES / La reclamación quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría. A Rivas y Holgado los acompañan como querellantes las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España. «Los crímenes están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación», explicó Máximo Castex, abogado litigante y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.

A finales de los 90, cuando en Argentina no se podían investigar los delitos perpetrados entre 1976 y 1983, el país se benefició de los intentos de aplicación del principio de justicia universal. En España, de la mano de Baltasar Garzón, así como en Italia y Alemania, se abrieron causas contra militares argentinos que en su país no podían ser juzgados. La presión llevó a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el 2006.

CAMBIO DE PAPELES / La historia presenta ahora un intercambio de papeles. «Necesitamos un Garzón argentino», afirmó el abogado Carlos Slepoy, quien reclamó que se activen desde Buenos Aires los mecanismos jurídicos que en su momento permitieron detener en Londres a Augusto Pinochet. Para Slepoy, la situación que vive el juez de la Audiencia Nacional que intentó procesar al dictador chileno es inaudita.

Servini de Cubría es una magistrada que ha dictado algunas sentencias ejemplares en casos de apropiación de hijos de desaparecidos, aunque también ha sido criticada por sus relaciones con el poder político. Los querellantes le piden que obtenga una lista con el número de desaparecidos, fusilados y torturados desde el momento que se alzó en armas Franco hasta que se recuperaron las instituciones democráticas.

También se le solicita que recabe los nombres y el «último domicilio conocido» de los integrantes de los gobiernos de España, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que desarrollaron sus funciones durante el largo periodo comprendido en la denuncia. «Si se investiga hasta 1977, hay criminales vivos. Exministros, jefes del Ejército y de otras Fuerzas Armadas», afirma Slepoy. El abogado confía en que pronto lleguen más denuncias a los tribunales.