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INCERTIDUMBRE SOBRE LA CARTA CATALANA

El PP avaló en 1993 la simbología nacional que hoy incomoda al TC

Vidal-Quadras apoyó la norma que oficializó 'Els segadors' como «himno nacional de Catalunya»

Los populares jamás habían recurrido el uso de 'nación' en leyes autonómicas hasta el Estatut

JOSE RICO / SALVADOR SABRIÀ
BARCELONA

«Las cosas no son normales en Catalunya». La afirmación, hecha el jueves tras haber leído el editorial conjunto del Estatut, lleva la firma de Alejo Vidal-Quadras, quien presidió el PP catalán de 1991 a 1996. Es el mismo político que subió a la tribuna del Parlament el 17 de febrero de 1993 para expresar su apoyo a la ley que oficializaba Els segadors como «himno nacional de Catalunya». Lo de nacional figuraba hasta en el título de la norma, y Vidal-Quadras –que entonces carecía de las hipotecas que le produjo la posterior entente entre José María Aznar y Jordi Pujol– no solo dio su a la ley, sino que disertó sobre lo que él entendía por nación.

«Catalunya tendrá a partir de hoy un himno, como tiene un estatuto y una bandera, pero ni estatuto, ni bandera, ni himno pueden suplantar la exigencia de un proyecto político, cultural, económico, social y ético que defina de verdad una vocación nacional digna de tal nombre». Lo de nacional salió de su boca con normalidad, como su voto afirmativo. Ahora, la definición de «símbolos nacionales» es uno de los puntos del Estatut recurridos por el PP, y sobre el que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) mantienen un debate más enconado. Lo que ha sido normal en 30 años parece haberse convertido en una anormalidad.

Y es que el calificativo nacional aplicado a Catalunya se ha incluido muchas veces en normas aprobadas por el Parlament sin que haya levantado ampollas en el PP. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el 27 de marzo de 1993 la mencionada ley del «himno nacional de Catalunya», cuyo único artículo incluía esta misma expresión. «El PP hace suyo el himno, que a partir de hoy será el de todos», continuaba la disertación parlamentaria de Vidal-Quadras.

DIADA NACIONAL DESDE 1980 / Los populares no llevaron al TC aquella ley, como tampoco lo habían hecho en 1980 –con el ruido de sables amenazando al todavía embrionario Estado de las autonomías– con la norma que declaraba al Onze de Setembre «fiesta nacional de Catalunya». El BOE daba cuenta de ella el 4 de octubre: «El recobramiento nacional de los pueblos pasa, sin duda, por la recuperación de sus instituciones de autogobierno. [...] De entre estos símbolos destaca la existencia de un día de fiesta, en el que la nación exalta sus valores. [...] Ahora, cuando Catalunya reemprende su camino de libertad, los representantes del pueblo creen que la Cámara legislativa tiene que sancionar lo que la nación unánimemente ya ha asumido». La norma rige con normalidad y el PP participa cada año en los actos institucionales de esa fiesta nacional.

Els segadors y la Diada requirieron de leyes específicas para ser oficializados porque el Estatut de 1979 no los reconocía como símbolos de Catalunya. Solo mencionaba la bandera y sin el apelativo de nacional. Los ponentes de la nueva Carta incluyeron la expresión «símbolos nacionales» en el artículo 8.1. El parto de ese artículo ya fue complejo, sobre todo en Madrid. La presión de los partidos catalanes hizo que el PSOE terminase aceptando que los símbolos son nacionales, pero con dos contrapartidas. Primero, que en la misma frase se repitiese que Catalunya es una nacionalidad, como hace en el artículo 1. Y segundo, que el título del artículo fuera Símbolos de Catalunya, y no Símbolos nacionales, que era lo que salió del Parlament. La palabra solo aparece así una vez. Para los socialistas, era la forma de que el precepto pasase todos los filtros. Pero los jueces del TC le siguen dando vueltas a la expresión, uno de los puntos de mayor fricción entre progresistas y conservadores.

TEATRO, ORQUESTA, ARCHIVO... / Si finalmente el 8.1 es declarado contrario a la Constitución, el tribunal abrirá un melón de consecuencias muy variadas y pintorescas. La legalidad (al menos nominal) de las citadas leyes del himno y la fiesta nacionales podría quedar en entredicho, así como la de los cuatro «pactos nacionales» que el tripartito ha impulsado en esta legislatura: educación, vivienda, infraestructuras e investigación. Cabría preguntarse, además, si la palabra maldita debería retirarse de algunas instituciones y entidades culturales: el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el Arxiu Nacional de Catalunya...

Este último organismo regenta la titularidad de un gran número de archivos y documentos gracias a una ley autonómica del 2001, cuyo preámbulo reza: «Muchos de ellos [de los archivos] integran, o pasarán a integrar, el patrimonio documental catalán y constituyen, o constituirán, la memoria de la nación». Esa memoria nacional y su correspondiente archivo contaron con el del PP catalán, liderado entonces por Alberto Fernández Díaz.

El Gobierno de José María Aznar recurrió la ley por entender que vulneraba competencias exclusivas del Estado, pero nada se objetaba por el término nación. Curiosamente, ese recurso ha corrido peor suerte que el del Estatut. Sigue pendiente de sentencia en el TC desde el 2002.

Todo ello por no recordar que el Estatuto de Andalucía menciona la existencia de una «realidad nacional» andaluza. Lo hace para expresar lo que declaraba el Manifiesto Andalucista de Blas Infante de 1919. Y aparece en el preámbulo, mientras que el primer artículo define a Andalucía como nacionalidad histórica.

TAMBIÉN EN EL PREÁMBULO / Algo similar sucede con la Carta catalana. El término nación cayó del artículo 1 –«Catalunya es una nación», decía– y pasó al preámbulo algo descafeinado. Se limitaba a exponer unos hechos objetivos: «El Parlament de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación [ocurrió el 30 de septiembre del 2005]. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad». Al final, el PP respaldó la realidad nacional andaluza, pero recurrió la catalana.

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