Detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma y dos históricos de CiU

El juez Baltasar Garzón ordenó ayer la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Múñoz; de otros dos altos cargos del ayuntamiento socialista; del exdiputado del PSC Luis García y de los destacados exdirigentes de CDC y colaboradores de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Los seis, junto a dos empresarios de la construcción también arrestados por la Guardia Civil, están acusados de formar parte de una trama organizada de corrupción que en los últimos años, presuntamente, cobró comisiones, evadió capitales a paraísos fiscales y se aprovechó de la condición de funcionarios públicos de algunos de sus miembros.

Las detenciones convulsionaron a toda la esfera política catalana, que reaccionó con cautela ante la operación, aunque la dirección de los socialistas ya anunció al mediodía, ni dos horas después del arresto del alcalde de una de sus ciudades más importantes, que suspendería de militancia a Muñoz y a sus colaboradores si el juez les imputa algún cargo tras declarar el viernes en la Audiencia Nacional. En CDC se apeló a la presunción de inocencia de «todos» los detenidos y se subrayó que tanto Alavedra como Prenafeta llevan mucho tiempo apartados de los puestos de responsabilidad de la formación nacionalista.

Las ocho detenciones se realizaron de forma coordinada, a la misma hora, las diez de la mañana. El alcalde de Santa Coloma fue arrestado en su casa de Sarrià de Barcelona, adonde acudió su abogado, Fermín Morales, mientras se realizaba un minucioso registro que a partir de las cuatro de la tarde se trasladó a su despacho de la plaza de la Vila. El concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, en el ayuntamiento, donde irrumpió la Guardia Civil, que desalojó las instancias municipales y custodió la entrada durante toda la jornada. Anoche, los funcionarios de urbanismo recibieron la orden de no regresar a trabajar hasta el martes.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA / Santa Coloma es el principal escenario de esta trama de corrupción, que cuenta con otros dos municipios implicados, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, a cuyos alcaldes Garzón solicitó únicamente documentación relacionada con dos convenios urbanísticos. En Llavaneres, el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha desempolvado dos viejas denuncias archivadas que el colectivo SOS Llavaneres presentó por la recalificación de la finca conocida como Can Riviere en la época en que Víctor Ros, del Partit Popular, era alcalde, informaFede Cedó. Y en Badalona la documentación solicitada al alcalde socialista, Jordi Serra, está relacionada con unos terrenos vinculados a la futura ampliación del puerto deportivo.

Anoche, en algunos círculos judiciales se definía la trama investigada como una «pequeñaGürtela la catalana». Lo cierto es que de una misma investigación, iniciada en mayo del 2000, se derivaron en noviembre del 2005 dos registros al unísono en dos despachos de abogados: Luis de Miguel, en Madrid, y Pretus, en Barcelona. De la documentación del primer registró partió elcaso Gürtel;la intervenida en el despacho de Barcelona dio lugar a la bautizada ahora como operación Pretoria.

Los investigadores sostienen que el exdiputado Luis García era el presunto cerebro. No es la primera vez que García, definido por algunas fuentes como «el Correa de esta red», se ve involucrado en un escándalo. A finales de los 90 estuvo imputado, junto a otra decena de cargos municipales socialistas, en una estafa en obras públicas, archivada en el 2001. Los otros dos arrestados, el presidente de Proinsa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana, serían los otros dos pilares de esta trama puesta al descubierto en una investigación coordinada por el fiscal Pastor.

García estableció una «red de tráfico de influencias» en los consistorios investigados, en los que conseguía adjudicaciones de terrenos a sociedadespantallapor un precio determinado que se elevaba considerablemente después de que dichos solares fueran recalificados y vendidos a constructores. Por estas operaciones se cobraban comisiones. Fuentes próximas a la investigación aseguraron que tanto Alavedra como Prenafeta actuaban como comisionistas de la red.

Los implicados en esta trama trabajaban con «grandes márgenes» de beneficios que, según las fuentes, podrían superar los 20 millones de euros, aunque aún no se ha podido determinar el montante de dinero manejado por la red. Por ejemplo, los investigadores buscan 13 millones de euros que tenía que haber recibido el ayuntamiento colomense y que no están en las arcas municipales.