Catalunya sienta al fin las bases de una división territorial propia

Al igual que sucede con la ley electoral, Catalunya tiene pendiente desde la recuperación de la democracia la elaboración de otro modelo organizativo propio que le permita superar las estructuras derivadas del Estado. Una división territorial y administrativa que genere un mayor apego que las cuatro provincias actuales, dibujadas en 1833 por el ministro Javier de Burgos tomando como base la antigua división en reinos de España. Tras varios intentos fallidos, el Govern parece haber encontrado el consenso suficiente –que no total– para sacar adelante un modelo basado en veguerías. La ley que posibilitará esta reforma de gran envergadura verá la luz en otoño, y las previsiones de la Conselleria de Governació pasan por implantarlo después de las elecciones municipales del 2011.

El catalanismo político siempre ha recelado de la división provincial y reivindicaba como ente supramunicipal propio una institución nacida en la edad media, cuando Catalunya estaba repartida en numerosos dominios señoriales. Para controlarlos mejor, el rey envió a cada territorio a un vicario, palabra de la que surgió la figura del veguer. Así se formaron las veguerías medievales, que los decretos de Nueva Planta sustituirían, con poca diferencia funcional, por los corregimientos.

Tras un breve experimento en la Generalitat republicana y 40 años de dictadura, CiU trató de impulsar en los años 80 y 90 una nueva organización territorial, pero se quedó a medias. Creó en 1988 los consejos comarcales, con competencias muy similares a las de las diputaciones. Años más tarde, se delimitaron siete ámbitos funcionales territoriales, una especie de áreas de trabajo de la Generalitat que coinciden con las veguerías que ahora están en proyecto: Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central y Girona. Fue con la llegada del tripartito cuando la implantación de la veguerías cogió impulso. En principio, las tres fuerzas del Govern y CiU están bastante de acuerdo con el cambio de modelo, pero aún hay abiertos algunos frentes de conflicto.

CONSENSO TERRITORIAL / Elconsellerde Governació, Jordi Ausàs, defiende que la ley solo saldrá adelante con consenso «político, institucional y territorial». Es este último el que más flojea. El Vall d’Aran exige quedar fuera del sistema de veguerías para proteger la singularidad territorial que le confiere el Estatut. Y el Anoia, el Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf apuestan por constituir una octava veguería. En ambos casos está implicado el PSC. El síndico de Aran y diputado socialista en el Parlament, Francesc Boya, encabeza la oposición a diluir la personalidad aranesa en las veguerías. Más discordia hay en el Penedès, porque el PSC rechaza una tercera partición de la Diputación de Barcelona, que daría lugar a un nuevo territorio de color político imprevisible.

NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES / Los intereses electorales se mezclan en este debate porque las veguerías están llamadas a funcionar como circunscripciones en las elecciones al Parlament. Claro que, para ello, la nueva división territorial debería ir paralela a una ley electoral catalana que parece a años luz de distancia. La disputa CiU-PSC por la ponderación de la proporcionalidad y el equilibrio territorial no auguran ahora mismo un final en esta legislatura.

Sin ley electoral, por ejemplo, un ciudadano de Puigcerdà seguirá eligiendo a sus diputados autonómicos por la provincia de Girona, como en las generales, pese a que pertenecerá a la veguería del Alt Pirineu i Aran y a una comarca partida entre Lleida y Girona. Y los 15 municipios del Solsonès votarán a sus representantes por Lleida, pero, a efectos prácticos, estarán más apegados a Barcelona, al formar parte de la veguería de la Catalunya Central, con capital en Manresa.

MISMAS FUNCIONES / Si bien las provincias no desaparecerán como territorio, sí lo harán como administración. Las diputaciones serán sustituidas por los consejos de veguería, con idénticas funciones y presupuesto. Nada de ello comporta vulneración constitucional alguna. Ausàs constató recientemente con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, la perfecta adecuación de las veguerías a la Carta Magna, cuyo artículo 141 deja claro que los gobiernos provinciales pueden ser encargados a diputaciones u «otras corporaciones de carácter representativo». Como precedentes, los cabildos canarios, los consejos insulares baleares y las diputaciones forales vascas.

La reorganización territorial persigue que ningún ciudadano tenga que salir de su comarca para dirigirse a la Administración catalana. La veguería ejercerá el papel de cooperación territorial entre municipios y será la representación de la Generalitat en los territorios.