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NUEVA CRISIS EN EL PARTIDO CONSERVADOR POR EL CASO DE LOS DOSIERES

La trama de espionaje reabre las hostilidades entre Aguirre y Rajoy

El líder popular ordena una investigación del equipo de la presidenta, que amenaza con llevarle al juzgado

Zapatero exige responsabilidades al PP, que atribuye a Interior "connivencia" con los espías

GEMMA ROBLES
MADRID

Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre han intentado mantener las formas desde el pasado congreso popular de Valencia. Querían dar apariencia de calma, aunque fuera tensa. Pero la trama de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad de Madrid ha demostrado que hay un telón de acero entre el bloque de los partidarios de Rajoy y el de los de Aguirre, que han resucitado una guerra fría de consecuencias impredecibles. Ayer, el líder del PP dio instrucciones a su secretaria general, Dolores de Cospedal, para que abra una investigación interna sobre este embrollo, iniciativa que ha encolerizado a Aguirre. Las hostilidades entre ambos se han desatado.

El caso es que, en solo 24 horas, Rajoy ha pasado de expresar su confianza en la presidenta madrileña para zanjar el escándalo a tomar cartas en el asunto. El cambio de criterio se produjo, según fuentes de su entorno, cuando supo que no solo han sido vigilados el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sino también Alfredo Prada, dirigente del PP cuyo apoyo a Rajoy en el cónclave de Valencia llevó a Aguirre a destituirlo como consejero.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y,

además de anunciar la apertura de dicha investigación, Rajoy quiso comunicárselo a la propia presidenta --que recibió también numerosas llamadas de distintos dirigentes del PP a cuenta del mismo asunto-- y darlo a conocer a la opinión pública a través de un comunicado oficial.

¿Qué es lo que pretende el líder del PP al dar este paso? Pues, según la versión difundida por el partido, exigir "con absoluta firmeza y determinación" responsabilidades políticas, si fuera menester.

La traducción del citado comunicado no admite dudas. Que la dirección popular considere que de esta trama pudieran derivarse responsabilidades de carácter político demuestra que otorga credibilidad a la hipótesis de que un político, o una institución, podría estar detrás del escándalo de espionaje. Llegados a este punto, toca preguntarse por lo que opina de todo esto Aguirre. A su juicio, nada tiene que investigar el PP, puesto que el caso está en manos de la fiscalía y de un juzgado. "Aquí, en la comunidad, no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada parecido", sostuvo ayer. Y lanzó una durísima advertencia: "El alcalde de Madrid, o cualquiera que dé por buena esa información de El País, tendrá que probarlo o rectificar. O nos veremos en los tribunales".

LA MANO EN EL FUEGO

Tan segura dice estar Aguirre de que desde su gobierno no se han impulsado prácticas de espionaje que ayer, ante una multitud de periodistas, dijo poner "la mano en el fuego" por sus consejeros, informa Fidel Masreal. Eso incluye a su responsable de Interior, Francisco Granados, señalado como jefe de un equipo de expolicías y exguardias civiles que supuestamente realizó seguimientos a otros políticos del PP.

Eso sí, ella advirtió que si alguien posee una "prueba" que afecte a alguno de sus colaboradores, este "será expulsado, tenga el nivel que tenga". Y es que, según Aguirre, ella es la más perjudicada por todas las informaciones que han salido a la luz, aunque insistió en que en un Estado de derecho no hay que demostrar la inocencia sino la culpabilidad. En la misma línea se manifestaron por la mañana su vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y el consejero de Interior, Granados.

Sin embargo, el equipo de Rajoy, como hiciera el miércoles en TVE el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, discrepa y da crédito a las crónicas periodísticas sobre esa supuesta red de espionaje. Así se desprende de la literalidad del comunicado: "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", alertan los populares. Para intentar llegar a una conclusión propia al respecto, Cospedal llamará uno por uno a los supuestos espiados y a Granados, que ayer dejó claro que no se le pasa por la cabeza dimitir.

GALLARDÓN Y GONZÁLEZ PONS

Pero el enfrentamiento de Aguirre y de sus consejeros con Rajoy se extiende hasta salpicar a Gallardón, que ha aseverado que la Comunidad no puede contar con un cuerpo "parapolicial". A esto, el vicepresidente González y el consejero Granados respondieron en rueda de prensa, ayer por la mañana, que, si actualmente existe alguna estructura parapolicial, es la heredada del socialista Joaquín Leguina y, principalmente, de la etapa en que el mismo Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad, cuando reformó el modelo de seguridad autonómico.

Tras incidir en que la denuncia sobre la trama de espionaje es "una gran mentira", se desmarcaron también de la tesis que por la mañana había esgrimido el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. El portavoz acusó al Ministerio del Interior de "connivencia" con los espías, que, a su juicio, precisaron del apoyo de las fuerzas de seguridad para cotejar las matrículas de quienes se reunían con los vigilados. La salida de Pons no gustó al equipo de Aguirre --que se niega a dar por buena la existencia de seguimientos, salvo el de González-- ni a su partido. Nadie le siguió, quizá porque cualquier ciudadano puede averiguar quién es el propietario de un vehículo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico consultadas por este diario. En el 2008, Tráfico tramitó siete millones de informes relacionados con las placas.

ZAPATERO RESPONDE

No obstante, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió a las insinuaciones desde Zamora. Calificó de "chiste malo" que el PP (o al menos uno de sus miembros) se atreva a exigir responsabilidades a Interior ante un asunto tan "serio". "Saben muy bien a quién tienen que mirar", afirmó un presidente, que dijo ir "de asombro en asombro", informa Pilar Santos.