Un acusado admite que desvió fondos hacia afines a Jesús Gil

Aunque casi nadie le nombró, Jesús Gil estuvo muy presente en la primera sesión del juicio sobre elcaso Saqueo 1,una de las múltiples causas en las que el fallecido expresidente del Atlético de Madrid estuvo implicado por enriquecerse a costa del Ayuntamiento de Marbella. Así, uno de los contables de las presuntas empresas pantalla que creó para desviar fondos, Eduardo Gonzálvez Montalbán, admitió ayer que ingresó dinero procedente del consistorio en la cuenta de Purificación Notario, también imputada y esposa de José Luis Jiménez, la mano derecha de Jesús Gil.

Gonzálvez explicó que su jefe, Jiménez, le ordenó transferir fondos a favor de su mujer para poder pagar las nóminas en el caso de que las cuentas del Ayuntamiento de Marbella fueran embargadas. Sin embargo, la aludida negó tener una cuenta a su nombre ni que autorizara a su esposo a abrirla. "Mi marido nunca me contaba nada", aseguró Notario. Y es que, en general, la táctica de los acusados pasó por descargar todas las responsabilidades en Jiménez, que falleció en el 2005.

También todos los imputados coincidieron en negar que existiera una contabilidad B. La situación llegó al esperpento cuando Manuel Castel, contable de Gil, aseguró que donde anotó "hay que ingresar 500 millones en B", y citas similares, dicha letra significaba "balance" o "banco". El juicio continuará en noviembre con la declaración de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama marbellí. La fiscalía pide para los seis imputados penas de entre ocho y 10 años de cárcel por malversación y falsedad documental.

LAS IRREGULARIDADES

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Marbella aprobó de forma provisional el nuevo plan de ordenación, en el que se han regularizado todas las tropelías urbanísticas cometidas por los gobiernos del GIL a cambio de cesiones de suelo o equipamiento. El documento incluye un artículo para exigir que sean los promotores quienes asuman estas cargas, de forma que se salvaguardan los intereses de los "compradores de buena fe" que desconocían los tejemanejes con su vivienda.

Pese a que el Gobierno del PP sostiene que no se trata de una "amnistía encubierta", como denuncian los vecinos, de las 18.000 viviendas consideradas irregulares solo quedarán sin legalizar apenas 500.