Ibarretxe y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, enjuiciados por reunirse con Batasuna

Juan José Ibarretxe se convertirá finalmente en el primer lendakari en sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido decretar la apertura del juicio oral contra el mandatario vasco al considerar que existen "indicios racionales" de que la reunión que mantuvo con representantes de la ilegalizada Batasuna durante la tregua puede ser "constitutiva del delito de desobediencia".

También serán juzgados por la misma causa los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, así como los dirigentes de la izquierda aberzale Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Olatz Dañobeitia, Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria.

Auto sin posibilidad de recurso

En un auto con fecha de ayer pero hecho público hoy, el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, Roberto Saiz, ordena que se dé nuevo traslado al Ministerio Fiscal, que ha solicitado el sobreseimiento, para que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o lo que estime procedente.

Asimismo, señala a la Sala de lo Penal de este tribunal como órgano competente para fallar en la causa y dispone el traslado del escrito de acusación a los imputados, para que en el plazo de 10 días presenten escrito de defensa. El auto es firme al no caber contra él recurso alguno.

El Ministerio Fiscal había solicitado el archivo definitivo de la causa al no haber otra acusación pública para ejercitar la acción penal ya que, a su juicio, no bastaba la sola acusación popular --ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia y Foro Ermua--, para la apertura del juicio oral.

"Acción popular y tutela judicial efectiva"

Sin embargo, el magistrado instructor rechaza esos argumentos razonando que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, "pueden querellarse, ejercitando la acción popular" y que se "impone" el principio de "tutela judicial efectiva".

Asimismo, entiende que el caso de acusador o acusación particular hace referencia al ejercicio de la acción penal por cualquier ciudadano, bien en su condición de perjudicado u ofendido por el hecho delictivo que se persigue, bien en el ejercicio de la acción popular.

Las peticiones de la acusación

Añade el magistrado que el bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, y a cuya consecución se orienta la acción popular en este caso, "tiene naturaleza de bien de interés general o colectivo, derivado del obligado cumplimiento de resoluciones judiciales, lo que vendría a reforzar, si cabe, la legitimación para el ejercicio de la acción popular" hasta sus "últimas consecuencias procesales". Finalmente, concluye que existe un precedente similar en la Sala de lo Penal del TSJPV, en el auto, de fecha 11 de abril del 2005.

La acusación popular solicita dos años de prisión para Ibarretxe, mientras que para los dirigentes socialistas reclama un año de cárcel. El resto de dirigentes de la izquierda aberzale se enfrentan a un año de prisión, salvo Arnaldo Otegi, que podría ser juzgado a tres años, y Rufino Etxeberria, para el que se piden dos años.