El juez exculpa a Trillo del siniestro del avión Yak-42

Carpetazo. El juez Fernando Grande-Marlaska archivó ayer la investigación sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa, que entonces dirigía Federico Trillo, en el accidente del avión Yak-42 que costó la vida a 62 militares y a 13 tripulantes en Turquía el 26 de mayo del 2003.

Para el juez, la responsabilidad del siniestro corresponde a los pilotos del aparato. La aeronave, a su juicio, cumplía con todas las condiciones para realizar vuelos. El magistrado se apoya en un informe de una comisión internacional de investigación del 29 de julio del 2005. En el dictamen, se culpa de la tragedia a "una concreta conjunción de circunstancias, imputables todas a la gestión de la empresa UM AIR, que explotaba la actividad del Yak 42".

El magistrado asume las conclusiones de ese informe, en el que se afirma que los pilotos "no habían recibido entrenamientos adecuados" para aterrizar en un aeropuerto "con una orografía montañosa". Por ello, Marlaska atribuye la causa de la tragedia a "la falta de preparación de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trebisonda, así como de cursos de gestión de cabina que permitiera una sinergia en la tripulación ante situaciones de riesgo". También sostiene que los pilotos, cansados, "valoraron inadecuadamente la realidad".

LA EXCULPACIÓN

Para el magistrado, el avión estaba "en perfectas condiciones", al haber pasado todos los controles de mantenimiento, y era "apto para volar", aunque no funcionara el control de voz en cabina desde hacía 45 días. Asimismo, Marlaska reconoce que "no eran fiables los marcadores relativos al combustible", pero asegura que eran suficientes "para dirigirse al aeropuerto señalado como alternativo".

Por estos motivos, el juez exculpa a los responsables de Defensa, ya que, a su juicio, no tenían ninguna "obligación concreta" de "verificar que la aeronave estaba en perfecto estado de mantenimiento". "Tampoco --señala-- le correspondía acreditar si gozaba de las necesarias licencias" ni comprobar que los pilotos habían recibido "cursos de formación o que cumplieran con los necesarios horarios de descanso". Esas obligaciones, subraya, "pesaban sobre la empresa contratista", es decir Namsa (agencia de la OTAN).

Las familias de los militares muertos consideran la decisión del juez "precipitada" y opinan que "no hay suficiente información para llegar a esa conclusión". Muestran su "extrañeza" por que el juez haya concluido que no existieron irregularidades "sin elementos de juicio". Aseguran, además, que se han negado las pruebas y testigos que ellos han propuesto, por lo que recurrirán.