Aznar aceleró la libertad de 290 etarras al reducir sus condenas

Lo adelantó ayer José Luis Rodríguez Zapatero, en una advertencia al PP con tintes de amenaza: "Se van a conocer muchas cosas que se han hecho en la política penitenciaria." Una de ellas, y no menor, es la política de reducción de penas que el Gobierno de José María Aznar aplicó a los presos de ETA. 290 etarras lograron acelerar su salida de prisión merced a una política penitenciaria que, contra lo que ahora sostiene el PP, no era un imperativo legal, pues en diciembre del 2004 el Ministerio del Interior la modificó para posponer estas excarcelaciones.

Todo empezó en diciembre de 1995. El Gobierno de Felipe González había modificado el Código Penal de 1973, que permitía a los reclusos redimir las penas por dos vías: la ordinaria, que restaba un día de condena por cada dos que el interno pasara en prisión sin provocar altercados; y la extraordinaria, pensada para los reclusos que hicieran un esfuerzo adicional, desde trabajar en la cárcel hasta matricularse en la universidad u otros cursos, los siguieran o no. A través de este segundo mecanismo un preso podía redimir hasta 175 días al año, que junto a los de la vía ordinaria (hasta 182 con buena conducta) permitían recortar un año de condena por cada 12 meses de estancia en prisión. Hasta 1995 los etarras jamás habían solicitado las redenciones de penas, por estimar que era una fórmula de reinserción social impropia de quienes se consideraban presos políticos. Pero en diciembre de ese año todos los reclusos de ETA pidieron en tropel, y con idéntico formulario, beneficiarse de las redenciones de penas con carácter retroactivo, solicitud legalmente irreprochable porque, al haber sido condenados antes de la reforma del Código Penal, tenían derecho a acogerse al anterior, que les era más propicio.

LOS BENEFICIADOS

Esta era la situación de los presos etarras cuando Aznar llegó al poder, en mayo de 1996. Durante los ocho años de su mandato, 311 miembros de ETA salieron en libertad: 21 de ellos por razones humanitarias, como ahora Iñaki de Juana, pero otros 290 lograron adelantar su excarcelación al redimir penas. Entre ellos, 64 condenados por asesinatos y otros delitos de sangre. Con penas que oscilaban entre los 31 y los 327 años de cárcel, estos terroristas recobraron la libertad tras pasar solo de 15 a 22 años entre rejas. De estas excarcelaciones, 14 se produjeron con Mariano Rajoy al frente de Interior, 27 con Jaime Mayor Oreja y 23, con Ángel Acebes.

EL CAMBIO DE CRITERIO

Los populares argumentan ahora que se limitaron a cumplir la ley, pero tal aserto entra en contradicción con las medidas adoptadas en el 2004 por el Gobierno de Zapatero. El 29 de diciembre de ese año, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, envió una instrucción a los directores de prisiones para que pusiesen coto a las redenciones extraordinarias de penas, especialmente alarmante en el caso de los presos de ETA. Y es que, gracias a estos beneficios, estaban a punto de salir de la cárcel terroristas tan sanguinarios como Henri Parot, Domingo Troitiño o el propio De Juana.

La circular, de 13 páginas, transmite a los responsables penitenciarios unos criterios mucho más restrictivos para contabilizar las reducciones de penas solicitadas por la vía extraordinaria y con carácter retroactivo. Ahora, por ejemplo, se evalúa si el preso, además de matricularse en un curso, siguió las clases, lo que ha aplazado hasta una década la liberación de muchos miembros de ETA. Una sentencia posterior del Tribunal Supremo, destinada a mantener en prisión a Henri Parot, ha ayudado a atajar la picaresca penitenciaria de los etarras.