15-M
¿Sí se pudo?
Una década después, repasamos los logros y los fracasos de los 'indignados' a través de sus pancartas
La crisis, la corrupción, las desigualdades y los recortes provocaron una ola de indignación social en España. Hace una década, el 15 de mayo de 2011, miles de personas se concentraron en 50 ciudades para exigir que se revirtiera la precariedad bajo el lema 'Democracia Real Ya'. Algunas de estas protestas derivaron en acampadas espontáneas que se alargaron durante más de un mes pese a las citas electorales, las intervenciones policiales y las advertencias judiciales.
Los 'indignados' tomaron el micrófono para alzar la voz. Y la movilización derivó en organización. Cuando se levantaron las acampadas, el legado del 15-M se quedó en los barrios de las grandes ciudades y en los municipios a través de asambleas vecinales y de movimientos sectoriales como las 'mareas', en defensa de los servicios públicos y contra las privatizaciones.
En las instituciones, Podemos se forjó como heredero de las plazas para sacudir el panorama político español. Al grito de "Sí se puede", los morados irrumpieron en 2014 en el Parlamento Europeo, consolidaron sus 'círculos' hasta su entrada en el Congreso y pactaron con el PSOE compartir el actual Ejecutivo de coalición. Uno de sus ideólogos, Pablo Iglesias, fortificó su liderazgo hasta la vicepresidencia del Gobierno, pero su apuesta por dar la batalla madrileña contra el PP forzó su abandono de la política la noche del 4 de mayo de 2021.
Diez años después de su nacimiento, analizamos el 15-M a través de las pancartas para comprobar cuál ha sido el recorrido de sus demandas y responder a la pregunta: ¿Sí se pudo?
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LO QUE QUERÍAN
La lucha contra los desahucios fue una de las grandes batallas del 15-M. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009, tomó fuerza con los 'indignados' y miles de personas en situaciones de vulnerabilidad se organizaron en barrios y municipios para evitar lanzamientos y exigir soluciones al Gobierno, como la expropiación de viviendas en 'stock' que no se vendían para colocarlas en el mercado de alquiler social, ayudas a los jóvenes para independizarse y la dación en pago para cancelar hipotecas.
En las plazas del 15-M empezó la recogida de firmas (llegó hasta 1,4 millones de avales) para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que detuviera los procesos de ejecución hipotecaria y promoviera la dación en pago con efectos retroactivos.
LO QUE CONSIGUIERON
El PP, sin embargo, acabó diluyendo la propuesta una vez tramitada y la PAH desdeñó el texto parlamentario porque "vulneraba el espíritu" de la iniciativa original.
Catalunya sí alumbró la ley 24/2015, vía ILP contra los desahucios y la pobreza energética, para frenar los lanzamientos y los cortes por impago a favor de medidas que promovieran el alquiler social. Aunque el Tribunal Constitucional la suspendió a instancias del PP en 2016, se terminó aplicando tras varias modificaciones.
La PAH, el Sindicato de Inquilinos y los Sindicatos de Vivienda exigen ahora una nueva ley para acabar con la emergencia habitacional, agravada por el impacto del covid, con el fin de regular el precio de los alquileres, frenar los desahucios y obligar a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables.
LA PROTAGONISTA
Ada Colau fue la cara más visible de aquella lucha. Como portavoz de la PAH, acaparó todos los focos cuando intervino en el Congreso en 2013 para exponer la crisis de la vivienda en España. Un año después, decidió dar el salto a la política institucional con la coalición electoral Barcelona en Comú. Logró una histórica victoria en las municipales de 2015 y recogió por primera vez la vara de mando del ayuntamiento. En el 2019, consiguió desbancar a ERC -ganador de los comicios- con el apoyo del PSC y los votos del partido del exprimer ministro francés, Manuel Valls.
CRONOLOGÍA 1. De las calles a las plazas
LO QUE QUERÍAN
Desde las plazas, el 15-M exigió la derogación de la reforma laboral del PSOE, aprobada un año antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los manifestantes reclamaban una regulación de las condiciones de los trabajadores ante un abaratamiento del despido, acabar con la temporalidad y ampliar los derechos laborales.
También abogaban por congelar la jubilación a los 65 años, repartir el trabajo a través del fomento de reducciones de jornada para bajar las cifras de desocupados, promover medidas de conciliación y un subsidio de 426 euros para los parados de larga duración.
LO QUE CONSIGUIERON
La mayoría de sus demandas quedaron en papel mojado y la entrada del PP en el Gobierno desató una nueva reforma laboral en el 2012 que perjudicaba todavía más a los trabajadores. Se introdujo como novedad el despido en las administraciones y empresas públicas, el convenio de la empresa prevalecía sobre los sectoriales y el absentismo se facilitó como causa de despido.
La huelga general del 29 de marzo de 2012, convocada por los sindicatos y con un seguimiento muy elevado, fue una muestra de unidad contra los planes de los populares.
Nueve años después, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se propone revertir los efectos más controvertidos de las reformas laborales. El documento que el Ejecutivo remitió a Bruselas en el componente 23 del Plan de Recuperación enmienda la reforma laboral del PP de 2012 para que "la temporalidad y el despido se conviertan en excepción".
Las líneas de contrarreforma afectan a las políticas activas de empleo, la regulación del teletrabajo, la reducción del número de contratos, un nuevo modelo de ertes, la subcontratación, la digitalización del SEPE, el empleo joven o la modernización de la negociación colectiva.
LOS PROTAGONISTAS
Los jóvenes fueron los protagonistas indiscutibles del 15-M. La Fundación Alternativas publicó en 2011 un informe en el que definía al 'indignado' como una persona con estudios universitarios de ideología de izquierdas y habituado al uso de las redes sociales, que se convirtieron en el canal de movilización.
Según este estudio, había dos ritmos: un tercio de ellos se consideraba muy activo (figuraba en las comisiones e intervenía en las asambleas) y dos tercios participaban de forma más pasiva.
Pese a esto, el discurso era el mismo: consideraban mayoritariamente que era un movimiento de reforma y no de ruptura, y les movía la precariedad laboral, el bipartidismo político, las reticencias hacia los bancos y los medios de comunicación.
Los jóvenes valoraron el 15-M como "un espacio de aprendizaje", tanto por el asambleísmo como por la reflexión sociopolítica que generaba.
CRONOLOGÍA-2. Las acampadas resisten, pero pierden fuelle
LO QUE QUERÍAN
Los bancos fueron los principales señalados por los manifestantes. El estallido de la crisis financiera mundial, por la hipotecas 'subprime', coincidió en España con los primeros rescates bancarios y los desahucios de familias afectadas por la recesión económica.
Desde la intervención de Caja Castilla-La Mancha en 2009, el Estado se vio obligado a inyectar ayudas multimillonarias al sector para evitar que peligrasen los depósitos de los clientes, lo que le forzó en 2012 a pedir el rescate europeo para la banca.
Los 'indignados' querían la prohibición de cualquier tipo de rescate financiero y clamaron por la creación de una banca pública, por la subida de los impuestos a este sector, por la prohibición de la inversión de bancos en paraísos fiscales y por la regulación de sanciones cuando se detecten movimientos especulativos.
LAS CIFRAS DEL RESCATE
EL DESENLACE
El estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a buena parte de las entidades (principalmente cajas de ahorro). De las 55 relevantes que existían en 2008 solo sobreviven 10 tras las últimas fusiones.
Paralelamente, las entidades han reducido más de 97.000 puestos de trabajo desde el máximo de 270.855 de 2008 y 23.632 oficinas desde las 46.221 de entonces.
Los bancos supervivientes son ahora más sólidos y el Banco de España no prevé que ninguno tenga problemas graves en la crisis actual. Las entidades se presentan hoy como “parte de la solución” y ven en ella una oportunidad para recuperar la reputación que perdieron en la anterior crisis económica.
Pero su baja rentabilidad y el creciente uso de los canales digitales a costa de las oficinas les ha llevado a nuevas fusiones y recortes: ultiman la salida de otros 19.000 trabajadores, informa Pablo Allendesalazar .
EL PROTAGONISTA
Bankia, presidida por Rodrigo Rato de 2010 a 2012, fue la entidad que necesitó el mayor rescate: 24.069 millones de euros.
El exministro del Gobierno de Aznar, que ocupó el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta 2007 antes de dirigir Bankia y que desde 2013 fue consejero asesor de Telefónica, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las tarjetas 'black'.
Actualmente, se encuentra en libertad condicional, pero la Fiscalía pide 70 años de prisión para él por un total de 11 delitos fiscales, además de por blanqueo, corrupción en los negocios, insolvencia punible y falsedad.
Los escándalos que salpicaron a los banqueros se sucedieron durante toda la década: preferentes, cláusulas suelo, salida a bolsa, indemnizaciones millonarias pese a la quiebra de las entidades, cuentas falseadas...
Decenas de directivos de entidades acabaron sentados en el banquillo de los acusados. Algunos, como los responsables de Novacaixagalicia y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, fueron condenados.
CRONOLOGÍA.3-La protesta muta
LO QUE DENUNCIABAN
La clase política también fue objeto de las protestas por el hastío de la crisis socioeconómica. La desafección hacia los representantes públicos, vinculada a los recortes que se aplican y a la corrupción, deriva en proclamas como 'No les votes', 'No hay pan para tanto chorizo' o '¡Que no, que no, que no nos representan!'.
Los 'indignados' exigen la eliminación de los privilegios de los políticos, que las listas electorales estén libres de imputados, la transparencia en las cuentas y la financiación de los partidos, así como de los representantes electos, y el fin de la inmunidad asociada al cargo.
LO QUE AÚN NO SE SABÍA
En 2011, el 'caso Gürtel' ya estaba en el orden del día, pero todavía quedaba manta de la que tirar hasta la condena al PP por beneficiarse de una trama corrupta en el 2018. Los 'indignados' exigían una década atrás la dimisión de Mariano Rajoy y pedían explicaciones al Gobierno por la implicación del PP en tramas bajo la lupa judicial. Años después se conocería el 'caso Púnica', sobre el cobro de comisiones por adjudicaciones en administraciones controladas por el PP.
En Catalunya, el 'caso Palau' también acaparaba los focos mediáticos y planeaban las sospechas sobre el 'caso 3%', pero no se conocía todavía hasta dónde llegaba la implicación de Convergència, ni tampoco las raíces del 'caso Pujol'.
LO QUE CONSIGUIERON
Si bien es cierto que los portales de transparencia de las instituciones del Estado se han modernizado y adaptado a la digitalización desde 2013, cuando Rajoy puso en marcha una ley específica, siguen dificultando el acceso a la información y queda mucho camino por recorrer para facilitar a la ciudadanía estas herramientas, que suelen estar llenas de baches burocráticos que complican el acceso a los datos abiertos, como señalan los expertos.
EL PROTAGONISTA
Durante la movilización de los 'indignados' hubo un caso de corrupción especialmente polémico porque salpicaba a la Monarquía: el 'caso Nóos', que arrancó en 2010 cuando el juez indagó en las maniobras del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarín, el yerno del entonces rey de España, Juan Carlos I.
Urdangarín fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Desde 2018 cumple condena en la cárcel de Brieva (Ávila), y en enero pasado, un juez le concedió el tercer grado penitenciario, de modo que puede trabajar fuera de prisión y regresar al centro solo para dormir entre semana.
LO QUE DENUNCIABAN
La intervención policial para intentar desalojar las acampadas abrió el debate sobre la libertad de expresión y de manifestación en un movimiento pacífico.
En sus manifiestos, desdeñaban el control de internet y pedían proteger la libertad de información.
En cuanto a la democracia participativa, exigían referéndums obligatorios y vinculantes para cuestiones de gran calado y para la introducción de medidas dictadas desde la UE. También abogaban por reformar la figura del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del Poder Judicial.
LO QUE ESTABA POR VENIR
Después de 2011, el debate sobre la libertad de expresión en España se ha acrecentado.
En 2015 se aprobó la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', una normativa muy polémica que, pese al compromiso de las izquierdas de derogarla, sigue en vigor seis años después. Incluye un total de 44 conductas, de leves a muy graves, sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.
Entre los puntos más controvertidos destacan las multas a la protestas no autorizadas, las altas penas por irrumpir en actos públicos, la incitación a la movilización en las redes sociales, fotografiar a la policía y frenar un desahucio.
Además, los tribunales han condenado a artistas y tuiteros por delitos como enaltecimiento del terrorismo o injurias a la Corona. Casos como el de Cassandra Vera (que acabó absuelta por el Supremo), los titiriteros, pasando por el cantante César Strawberry, los raperos Valtònyc y Pablo Hásel, y el grupo La Insurgencia han desatado movilizaciones. El Gobierno estudia ahora reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y acotar las penas.
EL PROTAGONISTA
El 'conseller' de Interior en 2011, Felip Puig, mandó a los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona a desalojar la Plaça de Catalunya a palos el 27 de mayo. Puig ordenó el operativo alegando que había que hacer "limpieza" de la zona para garantizar la seguridad durante la fiesta en Canaletes en caso de que el Barça ganase la Champions. La acción policial resultó fallida.
Los acampados se mantuvieron en la plaza, sentados en el suelo y con los brazos en alto. Hubo más de 100 heridos. Seis horas después, los uniformados desistieron y la concentración se multiplicó para reclamar la dimisión del 'conseller'.
Puig se mantuvo en el cargo y culpó a los 'indignados' de la violencia. Se volvió a cuestionar su liderazgo al frente de los Mossos cuando negó que se lanzaran pelotas de goma el día en que Ester Quintana perdió un ojo y cuando lanzó una web de delación ciudadana por los altercados en la huelga general del 29-M de 2012, que terminó retirando.
Aquel año, dejó la 'conselleria' para ser nombrado titular de Empresa, puesto que ocupó hasta 2016. Desde entonces se mantiene alejado de la primera línea política. Está imputado junto a 11 exaltos cargos de Convergència por presuntas donaciones ilegales al partido relacionadas con el 'caso 3%'.
CRONOLOGÍA - 4. Los últimos coletazos
LO QUE QUERÍAN
La reforma de la ley electoral se convirtió en una de las principales demandas del colectivo asentado en las plazas y movilizado en las calles. Los 'indignados' pedían garantizar un sistema representativo y proporcional, listas abiertas y circunscripción única, en vez de circunscripciones provinciales.
LO QUE CONSIGUIERON
La ley electoral española apenas ha sido retocada a sus 36 años. Los últimos cambios buscaban para garantizar el voto de las personas con discapacidad, evitar comicios en Navidad y acortar la campaña electoral (y los gastos) en caso de repetición de las elecciones.
Entre los compromisos del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos figura el de reformar la ley para eliminar el voto rogado, fijar 'listas cremallera', buscar una fórmula electoral más proporcional y ampliar el derecho a voto a los mayores de 16 años. Todo está en el cajón, pendiente de una subcomisión en el Congreso. En Catalunya no ha habido consenso político en más de 40 años para impulsar una ley propia.
Pese a la movilización histórica del 15-M, el bipartidismo salió ileso en las urnas. El 22 de mayo de 2011, el PP arrasó en las elecciones municipales y autonómicas y el PSOE cosechó una derrota histórica. Los populares recabaron 6,6 millones de votos (37,34%), frente a los 4,9 millones de votos socialistas (27,84%).
El PP ganó en 11 de las 13 comunidades llamadas a las urnas y obtuvo mayoría absoluta en 3.304 municipios, mientras que el PSOE hizo lo propio en 1.858 localidades.
Seis meses después, el 20 de noviembre de 2011, se renovaron los 350 escaños en el Congreso. El vencedor de las generales fue el PP de Mariano Rajoy, que logró una holgada mayoría absoluta con 186 escaños (32 más que en 2008). El PSOE se hundió hasta los 110 escaños (59 menos que en los comicios anteriores).
La participación en las generales cayó cinco puntos de 2008 a 2011, del 73,85% al 68,94%.
Textos: Júlia Regué
Infografías: Ricard Gràcia, Àlex R. Fischer, Ramon Curto, Francisco J. Moya
Fotografías: José Luis Roca, David Castro, Ferran Nadeu, Ferran Sendra, Julio Carbó, Anna Baeza, Albert Bertran, Álvaro Monge, Elisenda Pons, Joan Cortadellas, Miguel Lorenzo, Ricard Cugat, Danny Caminal, Jordi Cotrina, Josep Rubio, Juan Manuel Prats, ACN, EFE, EUROPA PRESS
Coordinación: Rafa Julve y Jose Rico
Este reportaje se ha publicado en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA el 13 de mayo del 2021