La jueza de la dana cita como testigos al exjefe de Bomberos de Valencia y al presidente de la Confederación del Júcar

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; o el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, deberán comparecer en el juzgado de instrucción de Catarroja como testigos, aunque rechaza que acudan como imputados. Al menos, de momento. Es una de las consecuencias de los seis autos dictados por la jueza que investiga la causa de la dana este jueves, una citación sobre tres cargos señalados por el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

Polo, Suárez y Basset son tres de los responsables que estuvieron en el Cecopi el 29 de octubre y sobre los que Argüeso, en su declaración frente a la jueza, había apuntado responsabilidades aquel día tanto por la falta de información como por la toma de decisiones llevadas a cabo. Junto a los tres, la jueza también ha citado a otros siete cargos que estuvieron en el Cecopi la tarde de la catástrofe, la mayoría de Emergencias de la Generalitat, así como a la comisaria jefa de la Policía Autonómica y a la comisaria de Aguas de la CHJ.

En concreto, de la Administración autonómica la jueza llama para que comparezcan la jefa de servicio del 112, Inmaculada Piles; la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, el director general de Emergencias, Alberto Martín Moretilla, al director de la SGISE, Raúl Quiles; y la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís (hoy en la Vicepresidencia Segunda de Gan Pampols). A ellos se suma la citación a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, Maribel Albalat y Lorena Silvent; y al de Sedaví, José Cabanes.

Polo, ¿por qué testigo y no investigado?

La citación de Polo, Basset, Piles y Roca será como testigo pese a que la petición de Argüeso era que fueran llamados como investigados, situación en la que solo quedan el exnúmero 2 de Emergencias y la exconsellera Salomé Pradas. Esta petición la rechaza la jueza dando, en algunos casos explicaciones que desmontan los argumentos de la defensa de Argüeso. Entre los más destacados está el caso de Polo, presidente de la CHJ, sobre la que la instructora asegura que "no concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado".

Para ello, asegura: "no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH, ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo". Así, precisa que más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal del barranco del Poyo, el que sería luego mortífero, "ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", mostrando ese avance cada cinco minutos.

"La forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través de la aplicación la SAIHWIN, aplicación que se afirma se dispondría por la CCE (Centro de Coordinación de Emergencias)", explica la jueza quien apunta: "No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico, el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia".

Basset y el resto de Emergencias

Respecto a por qué se cita como testigos y no como investigados a Basset y a otros altos cargos de Emergencias que señala el propio Argüeso, la jueza señala que una declaración como investigados "sólo estaría legitimado en su petición por quien ostenta la condición de perjudicado", algo que no se da en el caso del exsecretario autonómico, "y requeriría una motivación específica que no se explicita en la petición". "La integración en el Cecopi, ni el hecho de que formen parte de la Administración Autonómica encargada de la emergencia, es elemento suficiente, tampoco las manifestaciones de los investigados".

Es más, añade, "en caso contrario, nos encontraríamos ante una evidente atribución genérica e indiscriminada de responsabilidades respecto de unos hechos de extrema gravedad". En este sentido, agrega que estos cargos debían seguir las instrucción y directrices en la gestión de emergencias de Argüeso porque "lo contrario supondría vaciar el propio significado de lo que constituye el cargo que ejercía". Y añade respecto al exresponsable de Emergencias que pese a lo que declaró, "no puede limitarse, a esperar que se le informara" porque "datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance".

Acusaciones populares

En otros dos autos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros, que se suman a otras como la de CNT o el PSPV. La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat, dada su condición de aforado.

El quinto auto desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.