Rego toma las riendas del reparto de menores para ‘lidiar’ con las autonomías

Cambio de liderazgo en el Gobierno central respecto al proceso para el reparto por todo el territorio nacional de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, toma las riendas de la acción del Ejecutivo estatal en esta materia y tiene por delante una apretada e intensa agenda en los próximos meses para tratar de llevar a buen término el contenido del real decreto ley convalidado por el Congreso el pasado jueves. La ministra valenciana adquiere desde ahora más protagonismo al asumir la presidencia del grupo de trabajo interministerial para el desarrollo reglamentario de la nueva norma, pero tiene sobre él todo el reto de trasladar el mecanismo de distribución obligatoria al conjunto de comunidades autónomas y hacer que éstas cumplan.

Esta nueva fase del proceso coincide precisamente con la baja por asuntos médicos de Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, que le mantendrá al menos durante tres semanas sin agenda oficial. Torres ha sido el principal negociador con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de todo el proceso de aprobación del reparto de menores en el que el Gobierno regional se ha empeñado, y tirado del central para ello, durante más de un año y medio a fin de lograr la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería a la que se acaba de dar luz verde en el Congreso.

A partir de este momento, será la titular de Juventud e Infancia la que tendrá que llevar a la práctica todas las medidas que permitan el reparto de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, proceso que podrá desarrollarse a lo largo de un año, pero también el traslado en un plazo teórico de quince días de los que vayan llegando ya a estos dos territorios que han declarado “contingencia migratoria grave”. Los primeros, los 10 menores no acompañadas que llegaron a El Hierro y Lanzarote este fin de semana. Con todo, la ministra ha reclamando un “periodo transitorio” de tres o cuatro meses para empezar también a estos traslados inmediatos tras el desembarco de los migrantes menores en las costas canarias.

El primer paso importante que ya ha dado Rego nada más convalidarse el decreto en el Congreso ha sido convocar para dentro de catorce días, el 28 de abril, a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que la propia ministra no ha descartado que pudiera celebrarse de nuevo en Canarias. Al Gobierno le gustaría darle a esta cita un carácter simbólico para presionar a las comunidades del PP situándola en un escenario próximo a los centros de acogida donde estos niños se encuentran hacinados y sin la atención necesaria por el colapso de los recursos de acogida de Canarias (con 5.692 a día de hoy) y de Ceuta, y apuesta por una cumbre con una escenografía algo más emocional. Cree el Ejecutivo que en cualquier de los dos territorios, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP tendrán más dificultades en seguir manteniendo el rechazo expresado hasta ahora contra esta medida. Con todo, otras fuentes señalan, sin embargo, que lo más probable es que se realice finalmente en Madrid.

En todo caso, la ministra tiene ya un plan de acción para trasladar a los gobiernos autonómicos, empezando por la presentación de una propuesta de distribución de 4.000 menores desde Canarias y otros 400 desde Ceuta, así como el dimensionamiento de cada uno de los sistemas de acogida autonómicos en base a los criterios fijados (población, renta, tasa de paro, dispersión y esfuerzo de acogida). El ministerio presentará su plan con los datos parciales recibidos por los gobiernos regionales sobre recursos de acogida habilitados actualmente y número de niños que atienden en la actualidad. Una información incompleta y poco fiable en algunos casos, sobre todo los aportados por regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Extremadura, mientras Aragón directamente se ha negado a darlos. Tanto la comunidad aragonesa, como la madrileña, la andaluza y la de Cantabria han iniciado los trámites para recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional, lo que hace prever una cumbre muy tensa sobre todo teniendo en cuenta que este lunes se sumó a ese grupo una comunidad socialista, la de Castilla-La Mancha.

Desarrollo reglamentario

Rego completará su propuesta con los datos de que dispone el Gobierno central y cuyos resultados de distribución aproximados a partir de los criterios ya han trascendido. Las tres grandes comunidades gobernadas por el PP, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, acogerán a unos 2.000, mientras que Cataluña a menos de 30 y el País Vasco a poco más de 80 gracias a su esfuerzo de acogida en los últimos años. El decreto establece que se podrán cambiar los criterios de distribución, pero solo si hay unanimidad entre todas las comunidades autónomas, algo completamente descartado en estos momentos. Rego tiene asegurada la puesta en marcha del mecanismo de reparto y confía en iniciar los primeros traslados a lo largo del verano, una previsión que en algunas fuentes conocedoras de todo el proceso burocrático que queda pendiente consideran algo optimista. En todo caso, Canarias cree que con el decreto en vigor por primera vez el Estado tiene ya un mandato legal para poner fin al hacinamiento de sus 86 centros de acogida.

La ministra tiene que ir preparando para ello el desarrollo del real decreto, una tarea para la que la ha encomendado la comisión interministerial de inmigración y que aún está en fase de elaboración, del que dependen cuestiones importantes de la puesta en marcha de esta medida como la forma en que se ejecutarán los traslados, o cómo debe ser la recepción en cada territorio al que el menor se desplaza. Además, este procedimiento se verá afectado también por la entrada en vigor de otra de las iniciativas en las que trabaja el ministerio de Juventud e Infancia, otro real decreto que va a definir los estándares para un sistema de acogida común, como condiciones y ratios de los centros. Rego aseguró hace unos días que las leyes deben cumplirse y que hay mecanismos para sancionar “de manera oportuna” a quienes se opongan. 

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