TRIBUNALES
El TC suspende la norma de Díaz Ayuso que impide colocar una placa sobre las torturas franquistas en el edificio de Sol
El tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Sánchez contra la norma que regula el uso de la Real Casa de Correos
La importancia histórica de la sede del Gobierno regional está también pendiente de que el Constitucional resuelva si puede ser declarado lugar de Memoria

El Constitucional suspende la exclusión de la Real Casa de Correos como lugar de memoria


Cristina Gallardo
Cristina GallardoRedactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
El Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso el artículo de la norma de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que impide poner una placa en la Real Casa de Correos que la signifique como lugar de memoria democrática. La sede del Gobierno regional alojó durante la dictadura franquista la Dirección General de Seguridad, convirtiéndose en un instrumento de represión de la dictadura hasta su supresión en 1979.
La disposición concreta que ha quedado en suspenso, en espera de que el órgano de garantías decida sobre el fonde del recurso, es el artículo 4 de la ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid del pasado 26 de diciembre. Este precepto aborda cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas y distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos, por lo que su vigencia suponía de facto un obstáculo para la colocación de cualquier distintivo alusivo al uso que se dio a este edificio durante la dictadura de Franco.
El recurso contra la norma autonómica fue presentado por el Gobierno invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que significa que, al haber sido admitido a trámite, queda en suspenso la vigencia y aplicación del citado artículo desde la fecha de interposición --el pasado 27 de marzo-- . El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó el asunto al Constitucional al considerar que dicho precepto "imposibilita la aplicación" de la Ley de la Memoria Democrática". En concreto, entiende que podría vulnerar la competencia estatal para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". También alegó que podría ser contrario a la Constitución.
El Gobierno tiene colocar en la Real Casa de Correos una placa que recuerde que este céntrico edificio situado en la Puerta del Sol albergó la Dirección General de Seguridad en la época franquista, y en la que en palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "hubo torturas terribles que a día de hoy algunos ciudadanos recuerdan".
Conflicto de competencias
Este conflicto no es el único relacionado con el edificio situado en la madrileña Puerta del Sol que queda pendiente de resolución por el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido. El pasado 11 de marzo, y por unanimidad, el Constitucional acordó admitir a trámite un conflicto de competencias, esta vez instado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra la intención Gobierno de declarar la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia regional, como lugar de Memoria Democrática.
La decisión de señalar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria fue adoptó el pasado mes de octubre el Ministerio de Ángel Víctor Torres. En esta ocasión el asunto pasó el primer filtro de la admisión a trámite en el Constitucional a instancias de la magistrada del sector conservador Concepción Espejel, ponente de la cuestión. Díaz Ayuso alega que Ejecutivo central ha invadido las competencias autonómicas en materia de memoria democrática y de patrimonio histórico-cultural, por tratarse de un inmueble del que es titular la comunidad autónoma.
En la misma impugnación, la Comunidad de Madrid pide también que los artículos de la Ley de Memoria Democrática que atribuyen al Estado la competencia para declarar un espacio como Lugar de Memoria Democrática sean declarados inconstitucionales, ya que no tienen en cuenta las competencias autonómicas.
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